La Comisión anuncia el final de la vigilancia sobre Polonia por sus violaciones del Estado de Derecho

Siete años después de su puesta en marcha, Polonia finalmente podrá salir del mecanismo de vigilancia amparado en el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea y que pesaba sobre el país desde 2017. Ese artículo habilita a la Unión a controlar periódicamente si un Estado concreto está incumpliendo los principios fundamentales del Estado de Derecho y puede llegar incluso a suspender su derecho a voto en el Consejo Europeo.

Los sucesivos gobiernos del partido conservador y ultracatólico Ley y Justicia habían desarrollado una serie de legislaciones que en la práctica incrementaban la influencia de los políticos sobre el poder judicial y minaban su independencia, lo que terminó por despertar las preocupaciones en Bruselas.

Además, organizaciones como Amnistía Internacional han venido denunciando que los magistrados del país podían ser destituidos si cuestionaban la legalidad del Consejo Nacional de la Judicatura, que se creó para intervenir en el nombramiento de los jueces y avaló un mayor control por parte del poder ejecutivo sobre el judicial. También denunciaba esta organización la aprobación de una ley específica para impedir que un juez crítico con el gobierno siguiera ejerciendo.

El Estado de Derecho ya no está en riesgo en Polonia

—  Comunicado de la Comisión Europea

Ahora, Polonia vuelve a la senda comunitaria con el nuevo gobierno que dirige Donald Tusk, también conservador, pero más moderado que sus antecesores. Según ha confirmado hoy en la rueda de prensa diaria el portavoz de la Comisión, Christian Wigand, "Polonia ha tomado una serie de medidas serias legislativas y no legislativas para responder a nuestra preocupación por la independencia del poder judicial. También ha reconocido la supremacía de la legalidad europea y se ha comprometido a implementar todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", motivos por los cuales la Comisión cree llegado el momento de levantar el procedimiento amparado por el artículo 7.

Ahora el Consejo de Asuntos Generales deberá confirmar esa decisión y Polonia volverá a entrar totalmente en el camino de respeto a las libertades del resto de miembros de la Unión Europea.

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Además del nuevo plan de acción anunciado por Tusk para cumplir con esos objetivos, se suma la vuelta de Polonia a los trabajos de la Fiscalía Europea el pasado mes de febrero. El nuevo gobierno polaco pretende también acelerar el acceso del país a más de 100.000 millones de euros de fondos de la Unión que se mantenían bloqueados por las dudas sobre la independencia judicial en Polonia.

Este procedimiento de momento sigue vigente para Hungría, entre otros motivos por su trato hacia los inmigrantes o por las trabas que el gobierno del ultraderechista Viktor Orbán pone a la libertad de prensa.