El PP cuestiona el informe de la ONU contra sus leyes de concordia: "Es lisa y llanamente mentira"

Madrid

El Partido Popular se defiende del informe de tres relatores de la ONU, que cargan contra las llamadas leyes de concordia que PP y Vox pretenden aprobar en las comunidades en las que gobiernan en coalición: Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Esas legislaciones buscan terminar con la norma de memoria democrática del Gobierno de España, pero tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como sus líderes autonómicos defienden que sus leyes cumplen los estándares internacionales.

Núñez Feijóo ha subrayado que lo "mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado", en alusión al informe de la ONU. "Lo mejor que se puede hacer es leer los textos, segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica", ha dicho el líder del PP, durante un acto de campaña en Figueres (Girona).

El líder del PP ha concluido que su formación no va a olvidar "a la dictadura ni a la banda terrorista": "Lamentablemente, el Gobierno tiene un compromiso con Bildu y no puede hablar de grupo terrorista. Nosotros sí", ha apuntado.

En un escrito conocido este viernes, la ONU ha instado al Gobierno español a adoptar "todas las medidas necesarias" en relación con las "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana para garantizar "la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos". Recuerda que todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales "deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos", y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España.

La reacción del Gobierno

A este respecto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno de España convocará previsiblemente la próxima semana la Comisión Bilateral con Aragón tras el "contundente" informe de la ONU sobre la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas leyes de concordia de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

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Torres ha explicado que el objetivo de la bilateral es que el texto "entre" en lo que es el respeto a los derechos humanos y vuelva al cauce "de la defensa de las condenas del totalitarismo y de la dictadura". De igual modo, ha apuntado que si el Gobierno de Aragón no se quisiera sentar con el Gobierno de España o que si no se pudiera llegar a una acuerdo, el Estado iría al Tribunal Constitucional.

"Errores de bulto" y "bulos"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha considerado que el informe de la ONU "debería ser más serio" y que contiene "errores de bulto" y "bulos". En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la celebración del Primer Viernes de Mayo, en Jaca (Huesca), el presidente autonómico ha dicho que se ha enterado de este informe "por los medios de comunicación", lo que, a su juicio, es "muy difícil de explicar".

Ha asegurado que la ONU no se ha dirigido al Gobierno aragonés y "posiblemente esa falta de información es la que ha hecho que cometa errores de bulto". Azcón ha añadido que en Aragón se ha anunciado un plan de concordia, pero "no hay ninguna tramitación de una ley como el informe dice en su primera página". Por eso, alega que lo que dice el informe "es lisa y llanamente mentira".

"Posiblemente si se hubieran preocupado de hablar con el Gobierno de Aragón les hubiéramos explicado qué es lo que de verdad está ocurriendo y no habrían cometido errores de bulto como han cometido, entiendo que influenciados exclusivamente por la información que les ha trasladado el Gobierno de España", ha agregado Azcón.

"¿Quiénes son esos relatores?"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha afirmado que en su región es una "prioridad política" el "tratar siempre bien a las víctimas, a todas las víctimas, sin distinción". Mañueco ha asegurado desconocer el contenido del informe de la ONU, si bien ha señalado que el documento se leerá con "detenimiento" para ver quién lo ha pedido y se analizará qué es lo que el PP está dispuesto a hacer.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha defendido la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox que se tramita ahora en las Cortes autonómicas y se ha preguntado quiénes son los relatores del informe de la ONU y con quién guardan afinidad.

"Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes", ha señalado García-Gallardo. "Porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución".

Juan García-Gallardo, quien ha insistido en que cuando cuente con el documento y pueda hacer un análisis del mismo se conocerá si se ha tenido una visión "imparcial", ha aprovechado para defender la Proposición de Ley presentada en las Cortes. Desde su punto de vista es "de justicia" tratar de manera "neutral" a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España durante el siglo XX: "De eso no nos va a mover la ONU".

"Ni se habrán leído la ley"

El president valenciano, Carlos Mazón (PP), ha destacado que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la "horrible dictadura franquista" y ha defendido que la ley de Concordia "consolida" los derechos de estas víctimas. Por ello, ha considerado que quien firma el informe de la ONU "ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado Mazón en declaraciones a los medios este viernes, donde ha dicho no conocer ningún informe de la ONU sino "la noticia de una posible filtración de un posible informe" y entiende que "si hay alguna referencia, en ningún caso es sobre la ley valenciana ni el caso valenciano". Para Mazón, la ley de Concordia propuesta por PP y Vox que tramitan Les Corts en estos momentos "no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino las de las víctimas de toda violencia política" que cree que "también tienen derechos".