El Gobierno aprueba un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia cuyos casos estén prescritos

Madrid

El Consejo de Ministro ha aprobado un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito y pretende que sea la propia Iglesia quien se haga cargo de los costes. El Gobierno va a seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo y se va a activar aunque la Iglesia no participe, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. "Me gustaría que el Gobierno pudiera trabajar en colaboración la Iglesia Católica", ha deseado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, después de recordar las dificultades que se encontró el Defensor del Pueblo por parte de algunas diócesis a la hora de llevar a cabo su informe.

Bolaños ha especificado que el plan se articula alrededor de cinco ejes:

1. Reconocer y reparar. El plan incluye la realización de un acto público de reconocimiento. "Pero esa reparación simbólica no basta, tiene que ir acompañada de reparación económica", ha apuntado el ministro que ha anunciado que se indemnizará a las víctimas que por que sus casos hayan prescrito o no hayan podido probar los hechos ante la justicia, no hayan sido indemnizados.
2. Atender a víctimas. "Haremos hincapié en la atención de un trato adecuado en las instituciones y garantizaremos entornos seguros", señalaba Bolaños.
3. Prevenir casos.
4. Formar y sensibilizar a la sociedad.
5. Informar e investigar. "Para ello, se hará un estudio sobre la prevalencia de la violencia en la infancia", ha explicado el ministro.

"Hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia sufrague el coste de las indemnizaciones"

El Gobierno implementará este plan desde este 2024 hasta 2027. De momento, no se han especificado cantidades o un baremo sobre las indemnizaciones, la idea es que los costes los especifique un órgano independiente: "Ya hemos iniciado esas conversaciones con la Iglesia Católica para que puedan reparar a las víctimas y sea la Iglesia quien sufrague esos costes. A partir de ahí vamos a dialogar. La voluntad del Gobierno es hacerlo en un plan conjunto con la Iglesia", ha aclarado Bolaños ante la insistencia de la prensa sobre de dónde va a salir el dinero de las indemnizaciones. El ministro sí ha especificado que se ampliarán los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o, incluso, "que algunos casos no prescriban".

El informe del Defensor señalaba además de la responsabilidad de la Iglesia Católica la pasividad de las administraciones para actuar y proteger a los menores de los abusos en instituciones religiosas durante décadas, muchos de los cuales ocurrieron en centros educativos en los que el Estado tiene la obligación de supervisión.

La Conferencia Episcopal insiste en que se amplíe a todas las víctimas de pederastia

La Conferencia Episcopal se ha negado hasta ahora a participar en un plan de reparación estatal si éste no se amplía a todas las víctimas de pederastia, no sólo las de la Iglesia, y está desarrollando su propio plan para aquellos casos que hayan prescrito. Bolaños ha explicado que la semana pasada se reunió con su nuevo presidente y el secretario general y le trasladaron que "la Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar" y, como la propia institución apunta, "la acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que este plan propone" pero añade algunas matizaciones.

La CEE mantiene su posición de siempre, que es la de no colaborar en el plan si no se amplia a todas las víctimas de pederastia: "No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", señalan en el comunicado posterior al anuncio del Gobierno.

Consideran que el texto presentado por el Gobierno "parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado" y que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, "aborda únicamente una parte del problema".