Anticorrupción pedirá la condena de Esperanza Aguirre por lucrarse con los trabajos reputacionales de la Púnica

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción no solo reclamará en el juicio oral sobre la supuesta caja b del PP de Madrid que los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González comparezcan como testigos. También solicitará durante "la fase de cuestiones previas en el juicio oral", según afirman fuentes de este Ministerio Público, que ambos sean condenados como partícipes a título lucrativo por haberse beneficiado con los servicios reputacionales personales que ejecutaba en redes sociales el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro.

La caja b del PP es una verdad judicial incontestable

Unos trabajos de reputación que no eran abonados por sus beneficiarios sino por el Partido Popular de Madrid, supuestamente con dinero de la caja b que gestionaba Beltrán Gutiérrez, el gerente de siempre de Esperanza Aguirre en el PP madrileño, o bien con fondos públicos desde la Comunidad de Madrid con facturas "falaces", según el Ministerio Público. Por estos hechos, la Fiscalía reclamará al tribunal que tanto Aguirre como González abonen 26.000 y 28.293 euros respectivamente.

Esperanza Aguirre recibió cinco de estos informes reputacionales privados en 2012, e Ignacio González, 14. Dice la Fiscalía que al tratarse de posicionamientos privados, la Comunidad de Madrid era "consciente" de que no podía abonarlos con dinero público, y para ello ideó "falaces" métodos de abono, sin un contrato que explicitara el concepto real.

De admitirse esta petición de responsabilidad como partícipes a título lucrativo se trataría de una condena civil, como la que ya ha experimentado el propio PP por la Gürtel o la exministra Ana Mato. Una condena a título lucrativo implica que el aludido desconoce el carácter ilícito del dinero por el que se ha beneficiado y debe asumir una responsabilidad civil.

Anticorrupción ya pidió en su escrito de acusación del pasado mes de diciembre que Aguirre y González fueran partícipes lucrativos en la causa, pero el juez García-Castellón desestimó esta posibilidad la semana pasada, cuando emitió su auto de apertura de juicio oral. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción elevará la petición en el juicio oral, para el que aún no hay fecha señalada.