El Gobierno denunciará en la ONU y la UE las leyes de memoria del PP y Vox

Madrid

El Gobierno va a poner en marcha una batería de medidas en Naciones Unidas y en la Unión Europea contra las leyes de derogación y denominadas "de concordia" que impulsan PP y Vox en Aragón, Castilla y León y en la Comunidad Valenciana.

El Ejecutivo va a pedir a la ONU que evalúe si estas nuevas normativas que sustituyen a las leyes de memoria democrática en estas comunidades, que edulcoran el franquismo y obvian la dictadura respetan los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos. En concreto el Ejecutivo recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que analicen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos adquiridos por España.

Fuentes del Gobierno también señalan que se van a promover distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación. Además se va invocar frente al Consejo de Europa la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos para reclamar un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox. Se va a informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación y se va a solicitar la elaboración de un Informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.

Visita a Cuelgamuros

El presidente del Gobierno ha visitado esta mañana una visita al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros en el que se trabaja desde hace varios meses para recuperar los restos de 160 víctimas reclamadas por sus familiares. Según explica el Gobierno en una nota "el presidente, acompañado del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha accedido al laboratorio forense y, posteriormente, a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos, en cuya labor de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética".

Los trabajos en Cuelgamuros han permitido hasta el momento , recuerda la misma nota, "el hallazgo de la caja 198, y la exhumación de las 12 víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). De ellas, 11 han sido identificadas genéticamente y se han podido entregar sus restos a las familias". La visita ha sido criticada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, que en un mensaje en redes sociales ha escrito: "Vuelve a la necrofilia, la división y el rencor. Para tapar la corrupción de su gobierno golpista investido por fuerzas criminales No tiene límites morales y pretende liquidar los límites legales".

Malestar entre familiares de las víctimas

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja al Gobierno por esta visita mientras que las familias de quienes reclaman a un ser querido no han podo hacerlo. El texto de la queja dice: "Hemos visto en los medios de comunicación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ángel Víctor Torres; y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez han visitado los trabajos de exhumación que se están llevando a cabo en las criptas del Valle de los Caídos, algo que se les ha impedido hacer a los familiares que quieren sacar de allí un ser querido con el argumento de que podía ser peligrosos para ellos. Las familias que llevan años peleando por sacar de allí los restos de un ser querido se enteraron de las exhumaciones por la prensa y fueron convocadas por primera vez a una reunión el 10 de julio de 2023, en plena campaña electoral, en el Palacio de la Moncloa".

Las familias de las victimas del franquismo solicitan : "Que nadie sea tratado por encima de las víctimas y que conozcan todo la información de lo que va ocurriendo en el Valle de los Caídos ya que son las promotoras de esas exhumaciones, las más afectadas por lo que allí sucede que las que tienen derechos con respecto a lo que está ocurriendo en sus criptas. Que el Gobierno cumpla la Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura que dice, entre otras cosas, que " Excavación: A los procedimientos de excavación asistirán, si así han manifestado su deseo, los familiares directos de las víctimas". https://www.boe.es/eli/es/o/2011/09/26/pre2568 Que la atención a las familias sea permanente, cuidadosa y siempre teniendo en cuenta que son la prioridad de esas actuaciones y tienen derechos inalienables a conocer de primera mano todo el proceso y a estar presentes en él siempre que quieran".

La ARMH no es el único colectivo molesto. También ha expresado su malestar el abogado experto en Memoria Democrática Eduardo Ranz, que representa a ocho de las familias que reclaman a sus familiares en Cuelgamuros entre ellos los hermanos Lapeña : "En julio de 2023 presentamos formalmente la petición ante el ministro solicitando que las familias acudieran in situ al valle. Sobre este escrito no tuvimos respuesta. Lo elevamos a transparencia en noviembre de 2023, tampoco hay respuesta. Se supone que no podíamos ir por cuestiones de riesgos laborales y vacunas y , sin embargo, nos encontramos con políticos y gente del equipo de difusión del gabinete. Desde luego en cualquier fosa de España pueden estar presentes las familias sin embargo seguimos sin conocer la situación de nuestros familiares inhumados en Cuelgamuros". El caso de los Lapeña, a los que representa Ranz, es especialmente sangrante porque desde hace ocho años cuentan con una sentencia judicial que reconoce su derecho a recuperar los restos de su padre y su tío trasladados al valle sin su consentimiento. Manuel Lapeña, uno de los hermanos, murió en 2021 a los 97 años sin ver cumplido su deseo.

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