El director de la oficina anticorrupción de Baleares, que será eliminada por PP y Vox, denuncia el "retroceso" que supondrá para el ciudadano

Madrid

El todavía director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Tòfol Milán, ha pasado este miércoles por los micrófonos de Hoy por Hoy después de que este martes el Parlament balear aprobara la ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, que supone liquidar, en el plazo de seis meses, la oficina que él dirige.

Si este martes Milán negó que el organismo haya sido un instrumento político, como alegan PP y Vox para justificar el cierre, durante la entrevista de José Luis Sastre se ha dedicado a explicar las consecuencias de la medida para los ciudadanos. "En la Oficina Anticorrupción de Baleares puedes denunciar cualquier tipo de irregularidad del sector público", ha señalado. "No sé lo que van a hacer con las que ya existen. Lo que sí está claro es que los ciudadanos pierden la capacidad de presentar denuncias porque, además, pueden ser denuncias anónimas. Esto desaparece en Baleares porque esta oficina dejará de existir. Podrán presentarlas ante la Fiscalía, la Policía, los juzgados, pero nunca podrán ser anónimas".

Y en su opinión, esto tiene una consecuencia evidente: "Sin duda se van a hacer menos denuncias. En Baleares, desde que se creó la oficina se han recibido 522 denuncias. Somos la que tenemos el mayor ratio de denuncias por habitante. Se han tramitado 296 denuncias. Quedan pendientes de tramitar 207. Hay 19 en curso. La ley establece que las que están en curso pasarán a la inspección de los servicios de la comunidad autónoma para que hagan un informe y le den carpetazo y, de las 207 restantes, se tramitarán a la administración correspondiente por razón de la materia y allí resolverán. Pero no lo deja nada claro".

De modo que será el Govern de Baleares el que decida sobre las denuncias que afectan al propio Govern. El todavía director de la oficina explica cómo funciona el proceso: "Nosotros hacemos los informes. Unos son de oficio y otros por denuncia, el 100% prácticamente, y en caso de que haya un indicio de delito se manda a la Fiscalía. Durante la tramitación, si vemos que pueden ser temas delicados que pueden suponer delito penal, nos ponemos en contacto con la Fiscalía para argumentar los hechos. En los casos en que no sean delitos penales, se hace un informe, se analiza la denuncia. Que no hay indicios, se pone en conocimiento de la administración correspondencia y si se ve algún tipo de irregularidad, se plasma en el informe, se hacen recomendaciones y se hace seguimiento de las medidas adoptadas. Se plasma en la memoria de la que se da cuenta al pleno del parlamento que es el que puede tomar medidas".

"Un retroceso"

Tòfol Milán tiene su particular lectura del anunciado cierre: "Las oficinas anticorrupción somos incómodas. Todas, no solo la de Baleares. Está claro que a nadie le gusta que entren en su casa a ver lo que ha pasado después de una denuncia. Esto es un retroceso. Es ir en contra de lo marcan los tiempos. La UE está tramitando una directiva de lucha contra la corrupción que insta a los estados miembros a fomentar la creación de organismos de lucha contra la corrupción. La ONU también manifestó su preocupación por la corrupción y sus efectos en la sociedad e insta a los estados a que se proteja a los denunciantes, cosa de la que no se ha hablado en ningún momento, y medidas para fomentar que se produzcan y, de forma anónima, muy especialmente".

"A partir de ahora", advierte, "vamos a ver qué pasa con 4.400 declaraciones patrimoniales de cargos públicos. Los registros pasarán a ser reservados. 9.200 declaraciones de IRPF que son públicas, dejarán de serlo. Los ciudadanos dejarán de poder presentar denuncias. No habrá ningún tipo de protección a los denunciantes tal como marca la ley. Es un retroceso absoluto. En comunidades como el País Vasco se está creando la oficina de protección del informante y en Baleares se elimina".