El juez da vía libre a Telegram al considerar que el bloqueo sería una medida "excesiva y no proporcional"

Madrid

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, revoca definitivamente su decisión del viernes. No habrá apagado de la aplicación Telegram en España por ser una decisión “excesiva y no proporcionada”, según sus palabras contenidas en la resolución que ha dictado este lunes.

El juez ha recibido esta misma mañana el informe solicitado a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional sobre la incidencia de la medida, que afecta a más de 8 millones de usuarios solo en este país, y tras comprobar este dato, anula el auto de este viernes por el que ordenaba el cierre de la aplicación de mensajería. Existe “un hecho notorio que no puede ignorar este magistrado, y que es la posible afectación de múltiples usuarios”, dice el juez en su escrito.

La plataforma es empleada para actividades delictivas, recalca el juez pero “son más que múltiples usuarios de todo tipo” quienes han optado por emplear Telegram al brindarles unos “beneficios” que no ofertan otras plataformas, bajo una “amparada privacidad” que les lleva incluso a ceder derechos fundamentales, como datos personales.

La policía ha advertido del “impacto económico” por cerrar Telegram

El informe de la Comisaría General de Información solicitado este lunes incide en el “impacto económico” que tendría la suspensión cautelar para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma, a la que consideran un canal fiable y seguro frente a intervenciones indeseadas.

El juez afirma que no se trata de libertad de expresión o información, sino si la medida es proporcional y ha constatado que el cierre sería “excesivo y no proporcional”.

Emplaza al Legislativo a poner coto a los excesos de Telegram

En su auto, el juez Pedraz emplaza “al legislador” a transponer y ejecutar la legislación europea en la materia para evitar en lo sucesivo excesos como los de Telegram. El juez sostiene “se podrá plantear” que la plataforma queda “impune” o que esté “echando un pulso a un Estado de Derecho”, pero en manos del Estado está la transposición de la normativa comunitaria para crear un espacio digital “más seguro” en el que se “protejan” los derechos fundamentales de todos los usuarios y establecer unas condiciones de competencia “equitativas” para fomentar la “innovación, el crecimiento y la competitividad”.

Para el juez, Telegram, como el resto de grandes plataformas “que sí responden” a los requerimientos judiciales, tendrían que contestar “obligatoriamente” cuando son requeridos por las autoridades judiciales, cuando les es requerida una información precisa.

Telegram no colabora con la justicia española

El juez Pedraz había decidido el viernes cerrar Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, por un supuesto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.

El juez consideraba esta medida “necesaria, idónea y proporcional” para la que no existía otra alternativa que pudiera detener la vulneración de los hechos denunciados, ya que las “autoridades de las Islas Vírgenes” donde está radicada la empresa, “no han colaborado en la comisión rogatoria” remitida el pasado 28 de julio para que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción los derechos de propiedad intelectual.

Para el magistrado, que censuró en el auto el “incumplimiento reiterado” de la petición de información a Islas Vírgenes, no existía “otra medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados”.