El Defensor eleva a más de 600 las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia tras la incorporación de nuevos testimonios

Madrid

En los últimos cinco meses el Defensor del Pueblo ha registrado y validado 95 nuevas denuncias de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia. Sumadas a las 517 recogidas en el informe elaborado por una Comisión y entregado el pasado 27 de octubre al Congreso para que lo debata la cámara hacen un total de 612.

"Hasta donde hemos visto esos 95 testimonios nuevos no alteran las conclusiones del informe que entregamos al Congreso, en todo caso acentúan algunas de ellas", ha dicho Ángel Gabilondo. Entre las recomendaciones de ese documento presentado en octubre están la creación de un fondo estatal de reparación y un acto público de reconocimiento.

Son datos del informe de actuaciones de 2023 que ha presentado hoy el responsable de la institución. El Defensor del Pueblo recibió 35.603 quejas de la ciudadanía en 2023, un 13,2% más que en 2022. La mayoría son referentes a la administración de justicia, la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad. Por regiones, un año más la Comunidad de Madrid lidera el listado de más quejas emitidas (con 8.470), seguida de Andalucía (4.186), Comunitat Valenciana (3.973) y Cataluña (3.208).

Ley de amnistía

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado que está recibiendo quejas de ciudadanos por la amnistía, pero no puede tramitarlas porque se trata de una ley que está en tramitación parlamentaria y la institución no debe "intervenir ni interferir". "No podemos pronunciarnos y no debemos pronunciarnos sobre leyes cuando estas están trabajándose en el Congreso por los que tienen competencia y poder constitucional de hacerlo en tanto no hayan sido aprobadas por las Cortes Generales", ha recalcado.

Menores tuteladas víctimas de explotación sexual

A lo largo de 2023, el Defensor ha ido recibiendo respuestas de las diferentes administraciones sobre la actuación emprendida un año antes para conocer la experiencia en cada territorio con relación a los casos de menores que, encontrándose en régimen de protección, han podido ser víctimas de abusos o de explotación sexual.

La actuación continúa en trámite, pero de las respuestas recibidas se desprenden ya datos relevantes, como que en la mayor parte de los casos detectados y comunicados, el menor se encontraba con una medida de acogimiento residencial. Al mismo tiempo, hay que destacar que la detección de los casos se produce, en un elevado número, por los educadores de los centros y gracias a la confianza que se puede generar entre estos y el menor. Por lo que respecta al sexo de la víctima, fueron mayoritariamente niñas (81,4%) y la horquilla de edad que presenta más frecuencia de casos se sitúa entre los 14 y los 17 años.

En opinión del Defensor, estos casos no han recibido un tratamiento transparente, ordenado y sistemático. A juicio de la institución, cada Administración debe disponer de una información sistematizada y lo más completa posible sobre la realidad a la que se enfrentan, a fin de diseñar las herramientas y procedimientos de actuación más adecuados para su uso por los servicios de protección de menores.

Los menores no acompañados de Canarias

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha señalado que "el camino de la solidaridad" para solucionar el reparto de los 5.000 menores migrantes que desbordan los recursos de Canarias a otras comunidades autónomas es "interesante" pero "insuficiente", por lo que insta a acometer "medidas legislativas".

"No se le puede pedir a una comunidad que tenga ese número de niños en su sistema de protección, tiene que arbitrarse un medio. Llamo a las comunidades autónomas a que abran esa posibilidad", ha sostenido.

El Defensor del Pueblo asegura que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario la acogida de los niños que llegan a su costa en patera o cayuco sin adultos a su cargo y sugiere compartir su tutela con "ONGs, fundaciones o entidades dedicadas a la protección de menores".

Sanidad, violencia machista y residencias de mayores

Las quejas relativas al Sistema Nacional de Salud se han duplicado entre 2021 y 2023, un "problema común a todas las comunidades autónomas" que tiene que ver particularmente con la saturación de la atención primaria y especializada y los insuficientes recursos para la salud mental. Gabilondo, que también ha aseverado que "uno de los talones de Aquiles del sistema penitenciario español" es la ausencia de personal sanitario en las cárceles y ha lamentado que sólo tres comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco y Navarra) hayan asumido sus competencias en esta materia.

Por otra parte, Gabilondo ha señalado que las violencias machistas son una "importante preocupación ciudadana" y solicita que se amplíe el ámbito de protección a todas las víctimas y se mejore su atención y reparación. Ha incidido en que se requiere un mayor compromiso en la protección de los menores expuestos a violencia vicaria y ha recibido denuncias del uso del síndrome de alienación parental por parte de jueces, fiscales y equipos psicosociales: "Hay que dejar a los niños en paz, no utilizarlos como mercancía", ha subrayado.

La institución recibió también "numerosas quejas" de los usuarios de las residencias de mayores, relativas a las condiciones y la calidad del servicio, a la comida, a la ratio de profesionales y a la carencia de estimulación de los residentes. En este sentido, el Defensor ha iniciado de oficio una supervisión directa del funcionamiento de las residencias.