Política

El PP planteará un conflicto institucional entre Congreso y Senado para intentar paralizar la ley de amnistía

Los de Feijóo usarán su mayoría en la Cámara Alta para convocar un pleno y reclamar al Congreso que retire la norma pactada con los independentistas

El conflicto por la ley de amnistía se eleva un escalón más. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que su formación elevará a la Mesa de la Cámara Alta, en la que tienen mayoría absoluta, un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía. Se trata del primer conflicto institucional en la historia de la democracia española.

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Así lo ha adelantado Alicia García en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, después de que el informe de los letrados del Senado hablara del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía.

Si el Congreso no lo hace en un plazo de 30 días, será el Tribunal Constitucional el que decida. Los servicios jurídicos aseguran que el PP podría reclamar la suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el Senado por "el perjuicio irreversible" que pudiera provocar en las atribuciones de la Constitución.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estipula en su artículo 73 que "en el caso en que alguno de los órganos constitucionales a los que se refiere el artículo 59.3(*) de esta Ley, por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque". En este caso, la ley explica que si "el órgano al que se dirige la notificación afirmara que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones" o "no rectificase en el sentido que le hubiera sido solicitado" el siguiente paso sería el de "plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente".

El artículo 74 de dicha ley dice que "recibido el escrito, el Tribunal, dentro de los diez días siguientes, dará traslado del mismo al órgano requerido y le fijará el plazo de un mes para formular las alegaciones que estime procedentes". Por último, el siguiente artículo explica lo que tiene que determinar la sentencia del Constitucional: "Determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos".

 
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