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Sociedad

Teresa Peramato, fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer: "Hay que reconsiderar si se acepta el mutuo acuerdo como está ahora"

La fiscal plantea la idoneidad de que funcione el mutuo acuerdo en procedimientos civiles de violencia de género "tal y como está ahora"

Teresa Peramato, fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer: "Hay que reconsiderar si se acepta el mutuo acuerdo como está ahora"

Teresa Peramato, fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer: "Hay que reconsiderar si se acepta el mutuo acuerdo como está ahora"

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Madrid

Un hombre denunciado por violencia machista, con una orden de alejamiento hacia su exmujer y que llevaba una pulsera telemática, ha asesinado presuntamente a sus hijas de dos y cuatro años, en lo que la Guardia Civil investiga como un nuevo caso de violencia vicaria.

Ha ocurrido en la localidad almeriense de Alboloduy. El hombre, que después se ha suicidado, tenía un régimen de visitas de las menores reconocido judicialmente durante los fines de semana y una orden de alejamiento por malos tratos para evitar el contacto con su expareja y madre de las niñas.

En 'Hora 25' con Aimar Bretos hemos hablado con la fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato.

¿Cómo podía tener régimen de visitas?

"Tanto la letrada como el Ministerio Fiscal pidieron una prohibición de aproximación. El fiscal interesó que se pusiera la pulsera telemática de control. Pidieron también la custodia para la madre, adjudicación del uso de domicilio y una pensión alimenticia para las menores. El fiscal se opuso a que se estableciera cualquier régimen de visitas y así se acordó en el auto de orden de protección. La medida cautelar se mantiene con el dispositivo telemático. La vigencia de las medidas civiles tiene una duración muy corta, de unos 30 días. El procedimiento civil siguió su desarrollo. En la vista, las partes llegaron a un acuerdo con régimen de visitas, los fines de semana, donde se producían las entregas en el punto de encuentro. No era un régimen tutelado. Esto se hizo así hasta que las partes decidieron que ya no funcionara el punto de encuentro. Después se produjo el terrible suceso", explica la fiscal.

El mutuo acuerdo

"El único culpable es el asesino. El planteamiento está en si el mutuo acuerdo, en un procedimiento civil de violencia de género, es un recurso procesal adecuado para garantizar la protección de la madre y las hijas. La mediación no está aceptada en la violencia de género porque existe un desequilibrio. Si no cabe la mediación, deberíamos plantearnos si el mutuo acuerdo es un recurso procesal adecuado. Lo que podríamos plantearnos es si podríamos modular el procedimiento para que podamos articular mecanismos de prueba para ver qué medidas van a proteger más a los niños y a la madre. Aquí se cumplió la ley. En el procedimiento civil, se pudo establecer un acuerdo entre las partes para un régimen de visitas, que claramente no era lo que más iba a garantizar la salud de las niñas y la madre", argumenta Peramato.

La actuación del fiscal

"El fiscal, una vez que se presenta el acuerdo entre progenitores, examina el acuerdo y tiene que decir si está a favor o en contra. Es muy difícil oponerse a un mutuo acuerdo, porque tienes que demostrar la causa que quite razón a los dos progenitores y que están de acuerdo en que las hijas vean a su progenitor. No es tan fácil oponerse. Tienes que plantear argumentos para demostrar que eso no beneficia a los menores. No es fácil oponerse al mutuo acuerdo. El recurso procesal tal y como está ahora, no es quizá el más adecuado", señala la fiscal.

¿Pudo el juicio ser un factor de riesgo?

"El momento de riesgo fundamental es el de la denuncia. Por eso, ahí se estableció una prohibición del régimen de visitas. El hecho de que sea citado el individuo al juicio y que tenga que enfrentarse a una responsabilidad penal, puede tener más o menos peso y podría ser un factor de riesgo", dice Peramato.

Interior ha informado a más de 10.000 mujeres de que sus parejas tienen antecedentes por malos tratos

"La Fiscalía no dijo cómo tenía que proteger a las víctimas a Interior. Le dijimos al ministro que, tomando las garantías necesarias y teniendo en cuenta el riesgo, sí podían comunicar a las mujeres si sus parejas tenían antecedentes, sin vulnerar la privacidad. Me parece una actuación muy importante de la policía que, en el momento en el que una mujer vaya a denunciar a su pareja, se le informe que la pareja ha tenido esos comportamientos con otras mujeres, esos antecedentes. Obviamente, las mujeres pueden tomar las decisiones libremente que crean oportunas. Tenemos agresores reiterantes. En los feminicidas del año pasado, había seis que tenían antecedentes. Cualquier medida que se le dé a una mujer para tomar medidas de protección, me parece bien", sentencia la fiscal.

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