España enumera en el Tribunal de La Haya las ilegalidades cometidas durante décadas de ocupación de Israel en Palestina

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia están ya en el momento de deliberar después de haber escuchado a 52 países y organizaciones a lo largo de una semana de audiencias en las que se han expuesto las consecuencias de la ocupación que Israel realiza de territorios palestinos desde hace décadas. España ha sido el antepenúltimo país en exponer sus argumentos en una semana en la que la inmensa mayoría de participantes han condenado el trato que Israel dispensa a la población palestina.

Tal y como estaba previsto, la intervención de España ha sido principalmente técnica, con la participación de dos expertos de la Asesoría Jurídica Internacional, así como de la Abogada del Estado Jefe ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han ido vinculando incumplimientos cometidos con Israel con distintas normas internacionales a las que el país hebreo está sujeto.

"Tanto israelíes como palestinos están obligados a cumplir con la legalidad internacional", ha empezado diciendo Emilio Pin Godos, Jefe Adjunto de la Asesoría Jurídica, quien ha recordado que "esta Corte ha hecho ya un recordatorio sobre el hecho de que adquirir territorios mediante la guerra es inadmisible". A partir de ese punto de partida, tanto Pin Godos como posteriormente Santiago Ripol, Jefe de la Asesoría Jurídica, han realizado una descripción de los incumplimientos cometidos por Israel.

Los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados tienden a variar la composición demográfica de esos lugares, lo que contraviene la Convención de Ginebra

—  Emilio Pin Godos, Jefe Adjunto de la Asesoría Jurídica Internacional

Ripol ha subrayado que la situación en Gaza y Cisjordania ha empeorado notablemente en los últimos 20 años y Pin Godos ha expuesto los ejemplos: "Se han restringido los derechos a la salud, a la educación, al acceso al agua corriente... Estas restricciones infringen una serie de derechos básicos de los palestinos, lo que no puede justificarse por exigencias militares, de seguridad nacional o de orden público", ha concluido.

España ha explicado en su intervención que Israel ha establecido una "estructura de discriminación institucionalizada" que se refleja en su aparato judicial, que no funciona igual para israelíes que para palestinos, o en las acciones de su ejército.

Turno para el tribunal

El Tribunal de La Haya debe emitir ahora una opinión consultiva tal y como le ha pedido la Asamblea de la ONU después de esta semana de audiencias. Israel no ha querido participar en el debate, aunque sí que ha confirmado una vez terminadas las intervenciones que va a remitir un informe con las medidas tomadas en Gaza.

Durante esta semana, Estados Unidos ha sido el principal país, no el único puesto que otros como Hungría también se han puesto del lado de Tel Aviv, que ha defendido la actitud del gobierno de Benjamín Netanyahu, exigiendo a la Corte Internacional que tenga en cuenta las necesidades que Israel pueda tener de defenderse ante el terrorismo de Hamás.

Los países árabes han mostrado un frente común en el que han denunciado la ocupación que consideran ilegal y han exigido a la Corte que así la califique también. En las intervenciones de varias de estas naciones se ha vinculado la actitud de Israel, sobre todo desde el pasado 7 de octubre en que comenzó a responder a Hamás, como propia de un Estado que está cometiendo un genocidio. Precisamente el país que denunció ante este mismo tribunal a Israel, Sudáfrica, ha vuelto a exponer ese mismo argumento y potencias como Rusia o China han mostrado también su rechazo a los ataques indiscriminados del ejército hebreo.

No es la primera vez que el Tribunal de La Haya debe emitir un dictamen de este tipo, ya que en el año 2004 declaró ilegal la construcción del muro para aislar Cisjordania. Israel nunca hizo caso de esa declaración y construyó esa barrera que a día de hoy tiene más de 700 kilómetros de longitud.