Fiscalía pide archivar diligencias contra el delegado de Gobierno por las cargas en Ferraz
Ni Fiscalía ni el Ministerio Público consideran que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín y varios mandos policiales hubieran cometido delitos por las cargas y el uso de gases lacrimógenos en las protestas de noviembre contra la ley de amnistía frente a la sede del PSOE
Fiscalía pide archivar diligencias contra el delegado de Gobierno por las cargas en Ferraz. EFE/ J.P. Gandul / J.P.GANDUL (EFE)
Madrid
La Fiscalía de Madrid ha solicitado el archivo de las diligencias abiertas contra del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín y varios mandos policiales por las cargas y el uso de gases lacrimógenos en las protestas de noviembre contra la ley de amnistía frente a la sede del PSOE.
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Así se lo ha trasladado a la titular del juzgado de instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos, quien pidió a la Fiscalía que informase acerca de la posibilidad de que hubiesen cometido un delito de prevaricación administrativa, han confirmado fuentes fiscales.
El Ministerio Público tampoco considera que los denunciados incurriesen en delitos de disolución ilegítima de una reunión pacífica, lesiones, tortura o contra la integridad moral.
La jueza pidió ese informe a mediados de enero como respuesta a la denuncia presentada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, que sostenía que tanto Martín como los mandos policiales "ejecutaron las órdenes dictadas para reprimir las protestas convocadas".
Concretamente la de la noche del 6 de noviembre en la calle Ferraz, en Madrid, frente a la sede del PSOE, cuando consideran que la actuación policial fue "desproporcionada".
La magistrada estimó que los hechos denunciados presentaban características que hacían presumir la posible existencia de una infracción penal y decidió practicar diligencias previas para determinarlo.
La asociación denunciante, que está detrás de acciones judiciales como el intento de retirar el nombre de una calle de Madrid al presidente del Gobierno de la República Francisco Largo Caballero o que ha combatido la prohibición de concentraciones ante la inhumación del dictador Francisco Franco, defiende en su denuncia que los congregados estaban amparados por la libertad de reunión. Sostiene que en aquella protesta del 6 de noviembre existió un "clima de crítica generalizada ante lo que supondría la abolición del Estado de derecho".
Aquel día, según han informado fuentes policiales, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) cargaron por primera vez contra un grupo conformado por cerca de 200 radicales "con el rostro cubierto y estética ultra" después de que lanzaran botellas de cristal y cortaran las bridas que sujetaban las vallas del cordón policial.
La Policía lanzó gases lacrimógenos, detuvo a tres personas e intervino una pala, tres palos de madera, una barra de hierro y tres extensibles. El siguiente, entre una multitud de 7.000 personas, volvieron los disturbios (se arrojaron adoquines, entre otros objetos) y seis personas más fueron arrestadas.
