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Economía y negocios

El Gobierno reforzará la inspección y endurecerá las multas en la cadena alimentaria contra las "relaciones comerciales desleales"

La ley existe desde 2014, pero en 2021 introdujo dos grandes cambios para favorecer a los agricultores

¿En qué consiste la ley de cadena alimentaria? ¿Qué cambios reclaman los agricultores?

¿En qué consiste la ley de cadena alimentaria? ¿Qué cambios reclaman los agricultores?

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Madrid

Ante la protesta del campo, el Gobierno ha abierto la puerta a revisar y endurecer la llamada ley de cadena alimentaria, una norma que se retocó en 2021, precisamente para proteger a los agricultores. La ley existe desde el año 2014, pero desde hace tres años introdujo dos grandes cambios para prohibir lo que la norma describe como "relaciones comerciales desleales":

  1. Prohíbe destruir valor en algún eslabón de esa cadena o lo que se conoce como "vender a pérdidas". Con la norma, no se puede pagar al agricultor menos de lo que le cuesta producir el producto y eso va más allá del campo: el envasador tiene que ingresar más que el agricultor, el transportista más que el envasador y el supermercado más que el transportista.
  2. Se obliga a registrar el contrato y a pagar en plazo. Los productos frescos se deben pagar en 30 días y los no perecederos en 60 días como máximo para evitar que se pueda estrangular con esperas a un ganadero que debe seguir comprando fertilizantes, por ejemplo, para seguir produciendo.

¿Está funcionando esa ley?

Las cifras de la Agencia de Información y Control Alimentario dicen que las sanciones están yendo a menos, lo que sugeriría que también están yendo a menos las irregularidades. En lo que llevamos de 2024 ya se han impuesto 34 sanciones, la mayoría por no pagar en plazo. El año pasado completo fueron 161 sanciones y el anterior, 272.

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Es decir, que las multas han ido menguando y que han caído un 40% desde que entró en vigor la ley. Eso sugeriría que la ley funciona. Apenas el 3% de las multas son para quienes fuerzan a vender a pérdidas. Más de la mitad de las sanciones son por retrasos en pagar a los agricultores y otro 43% por comprar sin contrato o por cambiarle las condiciones al agricultor después de haberse llevado el género.

¿Quién está detrás de las tractoradas y por qué protestan?

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¿Qué pide el campo y qué puede cambiar el Gobierno?

Hay dos cosas que pueden revisarse porque la norma tiene un alcance limitado en dos aspectos que el campo protesta:

  • La inspección llega donde llega porque tiene los medios que tiene. El año pasado las inspecciones fueron unas 1.000 (949 en toda España) y los contratos y relaciones comerciales revisadas fueron 1.487 en todo el país. Es un sector que tiene 750.000 empleados así que el alcance de esa inspección es limitado. Se están realizando inspecciones y hay cuatro sectores que se han escrutado especialmente: el de frutas y hortalizas (especialmente los cítricos), el lácteo, el sector cárnico (especialmente aves) y el del vino. Pero reforzar la inspección es, probablemente, algo que se puede y se debe hacer.
  • El alcance de las multas también se puede endurecer. La norma contempla sanciones para los reincidentes de hasta un millón de euros, pero la realidad es que, aunque las multas están ahí, son mucho más bajas. La más alta ha sido de 18.000 euros. Endurecer el régimen sancionador es algo que, también, se puede y se debe hacer.
 
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