El fiscal sostiene que Interior no respetó "en ningún caso" los derechos de los menores retornados desde Ceuta en 2021

Madrid

El Tribunal Supremo ha celebrado la vista pública por los recursos del Gobierno y de Ceuta contra la sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía que consideró que España incumplió el acuerdo firmado con Marruecos en agosto de 2021 cuando devolvió al país vecino a ocho menores que entraron en la ciudad de Ceuta a nado en la crisis migratoria de mayo de ese año. 8.000 migrantes se aprovecharon de la falta de control en la frontera de Marruecos para cruzar a nuestro país. Más de 1.200 eran menores.

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El abogado del Estado ha reclamado que se revoque la condena. Sostiene que Marruecos y España siguieron el proceso de retorno que recoge el acuerdo y que en todo momento se salvaguardaron los derechos fundamentales de los menores. Estábamos, ha dicho la defensa del Gobierno, en una situación excepcional fruto de la crisis diplomática entre ambos países. "Me recuerda a cuando no hay una declaración de guerra, pero hay guerra y los tanques ya están en la puerta", ha dicho. Por su parte, el gobierno de Ceuta ha querido hablar del "elefante en la habitación" que es el hecho de que "Marruecos no reconoce a Ceuta como parte del territorio español y eso dificulta cualquier acuerdo o tratado". Ceuta defiende el retorno de los menores porque "se trataba de una auténtica invasión y no hubo riesgo alguno" para ellos.

Fiscalía y Coordinadora de Barrios piden que se confirme la sentencia porque el Gobierno incumplió el procedimiento de retorno que establece la ley de extranjería que es la que hay que aplicar en este caso y no el acuerdo que, además y según el fiscal, también se incumplió. Antonio Narváez ha señalado que "en ningún caso" se han respetado los derechos fundamentales de los menores retornados ni tampoco las garantías del procedimiento para hacerlos valer y eso hay que hacerlo hasta en las "situaciones excepcionales", tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional en las sentencias sobre el Estado de alarma. "No se ha producido ni observado ninguna garantía, ni se ha abierto expediente alguno, ni se ha identificado a las personas. Esto es lo que se juzga. ¿Qué garantías administrativas y judiciales hay? Ninguna".

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Coordinadora de Barrios, por su parte, ha subrayado la ausencia de procedimiento en la expulsión de los menores y la vulneración de los derechos fundamentales poniendo al Abogado del Estado y a Ceuta frente al espejo. La abogada Patricia Fernández, ha dicho que "Ustedes sostienen que había una situación excepcional de crisis diplomática que provoca que Marruecos lance a sus niños hacia nuestras fronteras, pero luego nos quieren hacer creer que no hubo riesgo para ellos en el retorno". No se respetaron los derechos y, además, hubo una "cesión de jurisdicción intolerable" cuando se permitió a los gendarmes marroquíes entrevistar a los menores en suelo español.