El reto judicial de probar el genocidio de Israel en Gaza

El nuevo año en Gaza ha comenzado como terminó el anterior, sin atisbo de esperanza entre una población cada vez más diezmada por una guerra que cumple tres meses. En ese tiempo han muerto más de 22.000 civiles en la franja, el 70% de ellos mujeres y niños, según organismos internacionales. Del lado israelí se cuentan 1.500 víctimas mortales. Las organizaciones humanitarias denuncian que la llegada de ayuda a la población gazatí es casi imposible. Carecen de equipamiento sanitario y productos básicos en centros de salud colapsados. Las familias se ven obligadas a huir constantemente.

En un contexto internacional de temor por una expansión del conflicto en la región, Sudáfrica ha dado un paso importante para denunciar el genocidio en la Franja de Gaza al acusar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Sudáfrica considera que Israel comete actos de carácter genocida acompañados de intención específica requerida para destruir a los palestinos como parte de un grupo nacional, racial y étnico.

En la solicitud, pide medidas provisionales para proteger a los habitantes de Palestina y evitar daños severos e irreparables a sus derechos en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Según Sudáfrica, hay informes continuos de crímenes internacionales de lesa humanidad y de guerra. Desde el Gabinete de Benjamin Netanyahu quieren dejar claro que su lucha no es contra los residentes de la Franja, sino contra Hamás, y que intentan constantemente limitar el daño a civiles. El portavoz de Asuntos Exteriores ha hecho un llamado a la Corte de Justicia y a la comunidad internacional para que rechacen completamente estas afirmaciones infundadas.

Sin embargo, la denuncia de Sudáfrica tiene varias lecturas, en opinión del experto en derecho internacional Darynell Rodríguez, asesor en prevención de conflictos. Primero, por su carácter simbólico, al tratarse de un país que ha sufrido un apartheid. “Sudáfrica siempre ha tenido una posición muy crítica y muy aliada con el movimiento palestino”, recuerda, lo que le aporta una carga significativa, aunque su posición no fuera una sorpresa.

En cuanto al aspecto puramente legal, este paso fuerza un posicionamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre los actos de Israel en Gaza. “Esto tiene implicaciones, porque está argumentando la Convención para la Prevención del Genocidio de 1948, donde hay unos supuestos en cuanto a qué acciones constituyen un genocidio y cuáles no. Y hay dos elementos básicos, uno es que para que una acción sea considerada como genocidio tiene que haber un grupo específico al cual están dirigidas esas acciones de violencia. Y, por otra parte, tiene que haber intencionalidad”, explica Rodríguez.

Entonces, ¿es viable la lucha jurídica por demostrar que los actos de Israel responden a estas características? El proceso de recolección de evidencias puede durar años. “No va a ser fácil probar elementos como la intencionalidad o como que se están cometiendo acciones contra un grupo específico por razones étnicas, religiosas o políticas”, asegura el experto. Esos son los argumentos que Israel utilizará para defenderse de esas alegaciones. Lo que sí logra la denuncia de Sudáfrica es forzar que la Corte de pronuncie de forma clara sobre los actos de Israel y, en función de su pronunciamiento, obligar a los Estados a actuar contra el agresor, ya que el fallo debería ser vinculante, siendo Israel un país firmante de la convención. “Esto implicaría, de alguna forma, una manera de aislar políticamente a Israel”.

Varios líderes internacionales han empezado a condenar la escalada bélica de Israel en Gaza, pero el de Sudáfrica es el único ejemplo llevado a la práctica. Para Rodríguez, es la forma de “hacer que la comunidad internacional se retrate y ponerla frente a sus propias contradicciones”. Tiene además una derivada política, al ser Sudáfrica presidente del grupo de los BRICS, que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un bloque “de poder emergente” que ha servido de “contrapeso” a la posición de grandes poderes como el de Estados Unidos, explica el experto.

Rodríguez cree que incluso se abre la puerta a que se invoque la doctrina de la “responsabilidad de proteger”, emergida a raíz de la guerra de Yugoslavia, que contempla que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de un determinado país cuando su propio Gobierno está cometiendo atrocidades contra ellos. Este principio fue liderado por países como Canadá que, sin embargo, “ahora está intentando pasar agachado o hacer la vista gorda”, señala.