El Supremo abre la puerta a indemnizar a un joven con síndrome de Down que fue obligado a acudir a un colegio de educación especial

Madrid

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de Rubén, un joven de Castilla y León con síndrome de Down que fue obligado a estudiar en un centro de educación especial en contra de su voluntad. Sus padres criticaron que el sistema educativo segregara a su hijo y le obligara a asistir a un centro de educación especial.

La familia del joven llegó hasta la ONU, que le dio la razón en sus demandas. A pesar de todo, la Justicia le negó la indemnización de 350.000 euros que reclamaba. Ahora el Tribunal Supremo abre la puerta a que sea indemnizado y fija que los dictámenes de la ONU son materia suficiente para poder exigir al Estado "la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como último cauce para obtener la reparación”.

Ahora, los magistrados han acordado enviar de nuevo el asunto a la Audiencia Nacional para que se pronuncie sobre el fondo del asunto. "Dado que la existencia de un cauce adecuado y eficaz para hacer valer el reconocimiento de la vulneración de derechos fundamentales ante los órganos judiciales españoles atañe directamente al respeto y observancia por los poderes públicos españoles de los derechos fundamentales, es posible admitir que ese dictamen sea el presupuesto habilitante para formular una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”, señala el Supremo.

La sentencia cuenta con el voto discrepante del magistrado Luis Díez Picazo.