El nuevo “canon” del Estado

Madrid

Tras la aprobación del Consejo de Ministros, el Estado entrará en Telefónica mediante la SEPI, algo que ya ha sido confirmado por la compañía de telecomunicaciones por un comunicado. La SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) se hará con hasta un 10% de las acciones de Telefónica, ganando así posiciones por delante del fondo de capital saudí que entró en septiembre, STC, y otras compañías como BBVA y Criteria, así que se convierte en su primer accionista. La SEPI asegura que la nueva participación del Estado se hace “con vocación de permanencia”, y que permitirá dar a la compañía “una mayor estabilidad accionarial para que alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”.

La operación se produce después de la entrada de STC, un grupo de origen saudí que se hizo con el 9,9% de Telefónica el pasado septiembre mediante una compra en partes: un 4,9% se hizo mediante adquisición directa y el 5% mediantes otros instrumentos financieros. Todo esto se cerró por un valor de 2.100 millones de euros. Desde el Gobierno señalan que es un movimiento esencial y que sigue la tendencia de otros países vecinos: “Está en línea con otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que tienen o están incluso incrementando su participación pública en los grandes operadores de telecomunicaciones”, señalaba ayer la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. La titular del ministerio añadía además que el objetivo está en “dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos”.

Un recorrido por las privatizaciones

Al margen de la entrada del Estado en Telefónica, la tónica dominante en los últimos años ha sido toda la contraria, de hecho, esta misma compañía también lo ha vivido. Las privatizaciones de empresas estratégicas han sido unos movimientos que se concentraron sobre todo a finales de los 90, pero teniendo precedentes puntuales en años anteriores. La primera Oferta Pública de Acciones (OPV) de una empresa pública se dio en 1986, una oferta en concreto sobre el 39% del capital de la compañía Gas y Electricidad, S.A. (GESA), era filial de Endesa. A esta oferta le siguió la del 29% del capital de ACESA, que tuvo ya un tramo destinado a inversores particulares, un año después en el 87.

El primer movimiento de privatización real no llegó hasta 1988, con la venta del 18% de las acciones de Endesa. Diez años después se sumaron otros dos movimientos de la SEPI, en los que destaca el de junio de 1998, cuando se pusieron a la venta más de 312 millones de acciones, representativas del 30 por ciento del capital. Esta OPV, generó unos ingresos de más de 6.000 millones de euros, porque el 80% de las acciones iban destinadas al tramo minorista. Repsol también siguió esta tendencia en 1989, con la venta del 26% del capital social.

Las políticas de privatización se generalizaron entre 1997 y 1998, años dorados de la entrada de capital privado en empresas públicas. De las 29 OPV estatales realizadas hasta la actualidad, que han reportado unos ingresos netos totales en torno a los 32.000 millones de euros, las de mayor dimensión se materializaron en los años 1997 y 1998. Otras grandes OPV fueron las que SEPI hizo de empresas participadas por Patrimonio: Telefónica, en febrero de 1997, sobre el 20,9% de sus acciones, con un ingreso de unos 3.700 millones de euros; Argentaria, en febrero de 1998, del 29,2% de su capital, con 2.200 millones de euros ingresados; Tabacalera, en abril de 1998, del 54,43% de sus acciones, y alrededor de 1.700 millones como ingresos. Iberia también siguió la estela privatizadora en 1999 de la mano del gobierno de Aznar.