Financiación autonómica: la guerra del dinero

Madrid

El abordaje de la financiación autonómica en España debe solucionar dos problemas, uno a corto plazo y otro a largo plazo. A corto plazo: el techo de gasto, donde colocar el techo de gasto y qué camino deben seguir las autonomías para asegurar su estabilidad financiera. A largo plazo el nuevo Gobierno debe asumir una revisión del sistema de financiación, esto es: quién paga y quién cobra. Ahora mismo, las dos autonomías que más pagan son Madrid, que aporta 19.200 millones de de euros, y Cataluña, que paga casi 9.900 millones. En el lado de los que se reciben están Andalucía, que ingresa casi 7.700 millones, y le siguen Canarias y Castilla y León que ambos reciben 4.300 millones de euros. Lo que se ha anunciado hoy desde el Ministerio de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es flexibilizar el objetivo de déficit de las CCAA para 2024, así que pasará al 0,1%. Supone, por lo tanto, una décima más de margen fiscal respecto al objetivo de equilibrio presupuestario estipulado en el Programa de Estabilidad de abril. Diego Martínez López es profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide apunta: "Debido a la inflación hemos tenido unos años de recaudaciones espectaculares, pero si volvemos a las cifras históricas, quizás debamos plantearnos los gastos".

En ese sentido y pese al ruido político, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que no hay negociaciones bilaterales con Cataluña: "Dentro de la reunión no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña". Esto es algo que han suscrito algunos de los consejeros.

Un problema que se arrastra desde 2009

El abordaje de este problema se remonta más de una década. En 2009, España adoptó un nuevo sistema de financiación autonómica, diseñado para equilibrar la distribución de recursos entre las diferentes regiones del país. Pero lo que se concibió como un mecanismo dinámico y que debía revisarse cada cinco años, ha terminado siendo un conflicto que ningún Gobierno ha abordado para evitar las grandes tensiones que genera entre las comunidades.

Tras aprobarlo, la revisión debía hacerse en 2014, no obstante, este proceso se ha visto obstaculizado y lleva desde entonces aparcado. La falta de una revisión puntual ha dejado a las comunidades autónomas en una situación de inestabilidad, ya que los cambios en la economía y las necesidades regionales no han sido adecuadamente reflejados en el sistema. Desde 2009, España ha pasado por una importante crisis financiera, una crisis de deuda, el Covid-19 y la guerra de Ucrania.

El intento más firme de revisión se produjo en 2017. Una comisión de expertos propuso un sistema que nunca llegó a la mesa de discusión del poder legislativo. El debate quedó en el limbo, sin que se materializara en medidas concretas. La propuesta de los expertos abordaba diversos aspectos del sistema de financiación autonómica. Entre las recomendaciones destacaban ajustes para mejorar la equidad y la eficiencia en la distribución de recursos. Sin embargo, a pesar de la urgencia de abordar los desafíos económicos y sociales en el país, la propuesta no fue llevada adelante, dejando a las comunidades autónomas sin respuestas claras. Después llegó la moción de censura a Rajoy y entro un nuevo Gobierno.

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Las tres reformas pendientes

La reforma debe abordar, principalmente, tres aspectos: como medir la población en función de la cual se calcula el gasto autonómico; qué ingresos deben recibir las autonomías; qué deuda se perdonará a cada autonomía. La antigua propuesta planteaba compensar a las autonomías por el criterio de “población ajustada”, es decir, dándole más peso a quienes tienen poblaciones envejecidas o a quienes tienen poblaciones dispersas en el territorio por la despoblación. Eso favorece a Andalucía o Galicia, mientras perjudica a Madrid, que cuenta con una población muy concentrada y con buena parte de la población en edad de trabajar.

A fecha de hoy, las comunidades ya ingresan el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales (alcohol, gasolinas, tabaco) pero no reciben nada del Impuesto de Sociedades. Probablemente en las reuniones las comunidades solicitarán ampliar los ingresos que ya perciben y empezar a ingresar los que todavía no ingresan. Por último, en el acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE, se recogía una condonación de la deuda que hay en el Fondo de Liquidez Autonómica. Esto, dicen algunas autonomías, "no es justo con las comunidades que sí han hecho sus deberes financieros". "La condonación de la deuda es algo que tenía que hacerse para que las Comunidades puedan volver a los mercados financieros para financiarse, eso sí, tiene que estar bien hecha y pensada desde la racionalidad económica", añade el profesor Martínez López.