La mayoría conservadora del Poder Judicial acusa a Álvaro García de "compartir" las acusaciones de 'lawfare'

Madrid

La mayoría de vocales elegidos a propuesta del PP que impusieron el rodillo para declarar idóneo a Álvaro García como Fiscal General del Estado ha hecho público el informe con sus argumentos. Son los que en el día de ayer les adelantó la Cadena SER.

La sentencia que le acusó de desvío de poder en el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala, su retraso en cesar el fiscal de sala de menores, Eduardo Esteban, cuya elección también fue anulada por el Tribunal Supremo y su papel frente al lawfare pactado entre el PSOE y Junts. Además, le reprochan la circular que fijó un criterio sobre la ley del 'solo sí es sí' que no siguieron los tribunales. Dice el informe que el nombramiento de Delgado fue "un modo de gratitud hacia la designada que no tuvo reparo alguno para designar como Fiscal de Sala a persona con la que existía, cuando menos, un pacto tácito de "doy para que des". Por eso, añade, "no parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al FGE pueda considerarse idóneo para su nombramiento".

Los firmantes también le reprochan el retraso de cuatro meses en ejecutar la sentencia que anuló el nombramiento del Fiscal de Sala de Menores y su política de nombramientos claramente favorable, dicen, a la asociación progresista de fiscales cuyos miembros parece que tienen "cierto grado de excelencia", arrojando un balance "sorprendente".

El órgano de gobierno de los jueces ejerce de órgano de gobierno de fiscales y también sale al paso del silencio de García frente "al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial" al que se ha sometido a la Fiscalía. Verdaderos "ataques mendaces que se han vertido sobre miembros de la carrera fiscal que han intervenido en los procesos referidos al, eufemísticamente denominado, conflicto catalán y no solo por representantes de la pretendida opinión pública sino, sobre todo, por instituciones y cargos públicos, sacando del ámbito jurídico lo que nunca debió salir de ese ámbito: cuando, por todo argumento, la actuación de la fiscalía, ni fue determinante ni mereció reproche alguno por los Juzgados y Tribunales que conocieron de los respectivos procesos".

En este contexto, continúan, "el corolario de esa actuación hostil ha encontrado su máxima expresión en el reproche tan soez como interesado de haber actuado en base a lawfare, que residencia en los actores de los procesos judiciales los excesos de determinados cargos públicos que mediante tan rebuscada institución pretenden excluirse de la aplicación de la ley".

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Ante esa situación, concluyen, la actuación de Álvaro García "ha sido, no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas, ofreciendo el riesgo más que sospechoso de que dicha inacción no está fundada en un compartir tan graves acusaciones a la actuación de la Fiscalía"