El Gobierno ratificará a Álvaro García Ortiz en el cargo de Fiscal General del Estado

MADRID

El Consejo de Ministros renovará en su cargo de Fiscal General del Estado a Álvaro García Ortiz hasta el año 2027, según han informado a la Cadena SER fuentes gubernamentales. Ortiz sustituyó al frente del Ministerio Público a Dolores Delgado en 2022, pero cesó con el Gobierno y a partir de la semana que viene dejará de estar en funciones.

El nuevo Ministro de Justicia, Félix Bolaños, renueva la confianza del Ejecutivo en García Ortiz que estaba en el centro de la polémica, después de que en el día de ayer recibiera dos golpes desde el Tribunal Supremo. El primero de casi una veintena de fiscales de penal que le presionaron con un escrito para que rompiera su neutralidad y saliera al paso de las injuriosas insinuaciones del acuerdo político entre PSOE y Junts en línea con el escrito de amparo que le enviaron los fiscales del procés.

El segundo de la sala de lo contencioso - administrativo del alto tribunal que tumbó por desviación de poder el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar. Una decisión que Delgado anunció en la Cadena SER que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Ley de amnistía

El primer reto de Álvaro García cuando asuma el cargo es calmar las aguas de la carrera fiscal que está encendida por ese acuerdo político que contempla comisiones de investigación sobre asuntos judiciales, pero también por el proyecto de ley de amnistía. Los seis miembros de la Asociación de Fiscales que están en el Consejo Fiscal anunciaron la petición de convocatoria de un pleno para abordar este asunto, pero finalmente recularon y presentaron un escrito emplazando dicha convocatoria al momento en el que el Fiscal General hubiera sido elegido por el nuevo Gobierno.

Álvaro García explicó por carta a toda la carrera fiscal el pasado 16 de noviembre que el Ministerio Público debe respetar el principio de separación de poderes y evitar cualquier injerencia en las funciones que la Constitución establece para cada uno de los tres poderes. y sobre la ley de amnistía, emplazaba a emitir cualquier posicionamiento al momento en el que se conociera el contenido definitivo de la ley, una vez que se publicara en el BOE.