La agenda económica del nuevo Gobierno: estos son los retos pendientes

El Gobierno que echa a andar este martes tiene por delante importantes reformas económicas y una agenda que ya ha comprometido para los próximos 4 años. Lo más inmediato va a empezar dentro de poco más de un mes, en 2024, con la rebaja de la jornada laboral. Ese es el primer pacto que ha cerrado el Ejecutivo. En 2024 se va a rebajar la jornada laboral máxima a 38,5 horas frente a las 40 horas semanales actuales. Y el año siguiente, en 2025 esa jornada va a quedar determinada en 37,5. Reducción de jornada sin reducción salarial. A partir de esa fecha, en 2026 se pretende constituir una mesa con los agentes sociales para evaluar lo hecho, leer por sectores, productividad, circunstancias… y decidir si se rebaja más (hasta 35 horas) la jornada laboral. Pero en materia laboral hay otra clave más: hay que aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores en un entorno complicado. Así que la primera política económica, con fecha más cercana es la laboral. La siguiente página titánica es la de reformar el sistema de financiación autonómica. Esa va a ser la gran guerra económica de la legislatura porque el actual sistema de financiación autonómica está caducado desde 2014 y ni Rajoy ni Sánchez se habían atrevido a abrir esa batalla entre gobiernos autonómicos y gobierno central sobre quién recibe qué. Pero ahora, el pacto con Junts obliga a condonar parte de la deuda de las autonomías (15.000 millones para Catalunya, una cifra muy superior a la de cualquier otra autonomía). Y el pacto con Coalición Canaria obliga hasta en el calendario. El Gobierno tiene 2 años para cerrar un nuevo «modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de servicios públicos básicos (educación, sanidad y servicios sociales-dependencia)», según ese acuerdo. Si creían que la batalla de la igualdad entre los españoles se había librado con la amnistía, en cuanto empecemos a hablar de dinero van a oír de verdad eso del «se rompe España», el fin de la igualdad, y todos los eslóganes que quepan. Así que ésta la guerra que se ha de cerrar antes de 2026. A las reformas laborales y de la financiación autonómica hay que sumar una tercera clave: la reforma fiscal, que debe hacer dos cosas: Tampoco se aclara si se van a mantener impuestos a la banca y a las energéticas porque hay dos pactos contradictorios en ese terreno: el de Sumar ––que apuesta por subirlo–– y el del PNV ––que lo supedita a su sí. Así que eso está por ver. Todas estas reformas debe hacerse en un entorno económico más complicado porque el Gobierno se enfrenta a un tiempo de ajustes. El Gobierno tiene que dar más a las autonomías pero tiene que gastar menos. Hasta ahora, Bruselas había suspendido las «reglas fiscales» de la Unión (que impiden tener demasiada deuda o déficit, más gastos que ingresos) porque salíamos del COVID y se entendía que todo el mundo había tenido que gastar más —principalmente en Sanidad— pero esto se acaba. Bruselas vuelve a sacar las tijeras. Vuelve a pedir equilibrio en las cuentas y reducir deudas. Así que el Gobierno tiene, al mismo tiempo, que dar más pero gastar menos. Falta la guinda del pastel político: el traspaso de Cercanías a Catalunya, a Euskadi y otras construcciones comprometidas. Va a requerir mucha negociación política y quizás por eso el perfil de Óscar Puente en ese ministerio. Los acuerdos ––con ERC en este caso–– dicen que ese procedimiento de transferencias se abre en meses, en el primer semestre de 2024. Esta será otra de las grandes batallas porque una comisión ha de determinar cómo, cuándo y cuánto se paga a Catalunya y Euskadi por esas transferencias. Los acuerdos de transferencias de Rodalies ya se firmaron en 2009, 2010 y 2020 y siguen sin ejecutarse pero esta vez no sólo es Catalunya. También Euskadi reclama ese traspaso «antes de que termine la legislatura». Así que el próximo tiempo económico promete ser muy político… y muy bronco.

La agenda económica del nuevo Gobierno: estos son los retos pendientes

Las tres grandes reformas tienen que ver con lo laboral, con el sistema de financiación autonómica y la reforma fiscal

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