Un vocal progresista pone en bandeja al sector conservador del Poder Judicial aprobar la declaración institucional contra la ley de amnistía

Madrid

El vocal elegido a propuesta del PSOE, Álvaro Cuesta, ha registrado un escrito en el Consejo General del Poder Judicial para pedir la suspensión del pleno que este lunes debatirá una declaración institucional que acusa a Pedro Sánchez de "abolir el Estado de Derecho" con la negociación de la ley de amnistía. De lo contrario, advierte Cuesta, no acudirá a la cita. El escrito sostiene que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencias para pronunciarse sobre proposiciones de ley y apunta a que los firmantes de la declaración se sublevan frente al Parlamento porque esta Institución "no tiene el monopolio de la defensa del Estado de Derecho" y se trata de un órgano gubernativo que no ejerce la función jurisdiccional.

La amenaza de Cuesta supone la pista de aterrizaje para que los ocho vocales elegidos a propuesta del PP saquen adelante la citada resolución que obtendría mayoría en el pleno sin necesidad de incorporar ningún otro voto. En caso de que el vocal progresista acudiera a la cita, necesitarían, al menos, un apoyo más. Tanto el presidente suplente, Vicente Guilarte, encuadrado en el sector conservador, como el vocal, Wenceslao Olea, aún no han decidido su voto, pero su entorno confiesa a la Cadena SER que ve muy difícil apoyar una declaración sobre un texto que no conocen.

Cuesta cambia de criterio

Este escrito de Álvaro Cuesta supone un giro de 180 grados, respecto a las declaraciones institucionales que ha debatido y, en su caso, aprobado el Consejo General del Poder Judicial en los diez años anteriores, cuando formaba parte de la comisión permanente, que constituyen los siete vocales con dedicación exclusiva y un sueldo por encima de los 100.000 euros. En aquella etapa, por ejemplo, en un pleno celebrado extraordinario celebrado en enero de 2020 para aprobar un texto que criticaba las declaraciones del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que sostuvo que la justicia europea humillaba a los tribunales españoles a cuenta de la investigación del procés, apoyó la declaración porque era oportuna y moderada y no suponía una "confrontación contra el Gobierno". 

Otras dos declaraciones institucionales apoyadas por este vocal elegido a propuesta de los socialistas fueron la que se aprobó contra otras declaraciones de Pablo Iglesias en las que atacó al tribunal que condenó a la dirigente de Podemos, Isa Serra, o la que se mostró contraria a la creación de una comisión por la violación de derechos fundamentales en Cataluña en 2017.