La Generalitat, condenada a pagar 81 millones de euros a Renfe por los servicios prestados en Rodalies
Es el dinero que la administración catalana debe a la empresa operadora por los servicios de Rodalies que se han añadido. a petición del gobierno catalán, tras el traspaso de competencias de 2010
Un tren entrando a la estación de Girona / ACN
Barcelona
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a la Generalitat a pagar a Renfe los 80 millones de euros que le debe por la ampliación de los servicios de Cercanías que se ha hecho a petición del gobierno catalán en los últimos años, después del traspaso del 2010. La empresa operadora había reclamado al departamento de Territori este dinero, pero el gobierno catalán se ha negado a pagarlo hasta ahora argumentando que una parte de ese coste, la que corresponde a los cánones ferroviarios que se han de abonar por circular por las vías de Adif, debía asumirlo el ministerio de Transportes. La empresa acabó llevando esta situación al contencioso-administrativo que, en una sentencia del 3 de octubre, ha dado la razón a Renfe. La Generalidad puede presentar un recurso de casación contra la decisión judicial.
Cuando el gobierno español traspasó la titularidad del servicio de Cercanías a la Generalitat, se comprometió a asumir, cada año, el coste del servicio que estaba dando Renfe en Cataluña en ese momento y el aumento del gasto que se produjera por éste servicio derivado, por ejemplo, de un encarecimiento del canon ferroviario. También se acordó que los servicios que se añadieran a partir de entonces debería pagarlos el gobierno catalán. De hecho, la Generalitat los abonó durante los primeros 6 años, pero en 2016 dejó de hacerlo. Estamos hablando, por ejemplo, del dinero que cuestan las Cercanías del Camp de Tarragona, la RG-1 que llega hasta Portbou o el alargamiento de trenes de Mataró hasta Arenys de Mar.
Renfe ha estado reclamando en los últimos años cerca de 81 millones de euros para pagar estos nuevos servicios. La Generalitat ha reconocido una parte de la deuda, 57 millones de euros entre 2016 y 2019, pero insiste en que es el ministerio de Transportes quien debe pagar el resto que corresponde al canon que pagan los trenes por circular por las vías de Adif . El Govern argumenta que si la Administración General del Estado lo hace en otros lugares de España, también debería hacerlo en Catalunya. Pero el Tribunal asegura que el acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, la CMAEF, de finales de 2009 determinaba que el Estado asumiría el incremento del canon de los servicios que ya se estaban prestando y no de los futuros. Que los nuevos servicios que se pusieran en marcha a petición del gobierno catalán debería pagarlos la Generalitat.
Ahora el tribunal ha dado la razón a Renfe y determina que la Generalitat debe pagar los cerca de 81 millones de euros que pide la Generalitat más los intereses de demora. Los jueces añaden que el Govern debe abonar ese dinero al operador y que, en todo caso, el departamento de Territori ya reclamará al ministerio lo que crea conveniente.
La sentencia llega en un momento de tensión
Esta decisión judicial llega en un momento de tensión entre el ministerio de Transportes, Renfe y Adif, por un lado, y el departamento de Territori, por otro, por las incidencias que se registran en Cercanías y la petición de traspaso integral que reclama la Generalidad. El traspaso de 2010 no se ha completado porque el gobierno español no ha traspasado a la Generalitat el dinero para pagar los servicios de Cercanías y Regionales de Renfe que se estaban prestando en ese momento. Es el ministerio quien está pagando directamente a Renfe.
Los responsables actuales aseguran que están dispuestos a traspasar el dinero al departamento de Territori siempre y cuando se firme un contrato programa con Renfe que el Govern no quiere formalizar. Éste también era uno de los motivos esgrimidos por la Generalitat por no pagar los 80 millones de euros a la empresa operadora.
831 incidencias en 2022
El gobierno de la Generalitat ha analizado este martes un informe que recoge que el pasado año hubo 831 incidencias, más de dos cada día, que provocaron retrasos importantes en Cercanías y Regionales. Afectaron a 22.500 trenes, que son un 7,5% del total de circulaciones que hay en un año en Catalunya.
Las mismas cifras han servido al Gobierno para decir que el ministerio no puede hacerlo peor y que la calidad del servicio es del siglo pasado y en Renfe para celebrar que, incluso la Generalitat, reconozca que hay un 92,5% de trenes que van puntuales.
