La asociación mayoritaria de fiscales entra de lleno en la investidura y reclama a Europa que frene la supuesta ley de amnistía

La Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria de la carrera, ha enviado una carta a la Comisión Europea dirigida a la vicepresidenta, Vera Jourova, y al comisario, Didier Reynders, en la que afirma que "se ve en la obligación de poner en su conocimiento la situación a la que se enfrenta el Estado de Derecho en España, en el marco de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo para la investidura como presidente del Gobierno del candidato del Partido Socialista Obrero Español". En estos días se celebra en las Cortes la investidura a la que se presenta el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Dice la asociación que para que haya gobierno en España, después del resultado del 23-J, son imprescindibles los votos de Junts, que lidera Carles Puigdemont "quien figura procesado y reclamado por la Justicia española por delitos graves". La carta recuerda que una de sus condiciones es la "amnistía" que "expresamente" ha descartado Alberto Núñez Feijóo, pero no así, Pedro Sánchez.

Si se concediera esa amnistía, advierte la AF, "se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España, lo que exigiría, a nuestro juicio, la intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares europeos".

El documento compara la amnistía de 1977 en España con la que podría producirse y concluye que "la amnistía que ahora se plantea nada tiene que ver con esos loables fines. De entrada, no obedece a razones de Justicia, sino de pura conveniencia política, para obtener unos apoyos para una investidura, y sin que los posibles amnistiados se comprometan a no reiterar la conducta, que ahora se consideraría legítima.

Además, lanza un inequívoco mensaje discriminatorio, puesto que convierte a determinadas personas en inmunes a cualquier actuación judicial, en detrimento de otras que cometan los mismos hechos, que siguen siendo delictivos para el resto de los ciudadanos que no defiendan los postulados independentistas. El caso es particularmente grave por el hecho de que los votos de los beneficiados por la amnistía son absolutamente necesarios para que esta se apruebe. Se trata, por tanto, de una "autoamnistía", que beneficia no solo a los amnistiados, sino también a quien accede a su tramitación y aprobación, que se convierte así en presidente del Gobierno".

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Por todo ello pide sanciones a España si se consuma este ataque a la Constitución Española. Que se active el proceso para suspender de derechos a España al igual que ha ocurrido con Polonia y Hungría. La asociación pide a Europa "instar al Reino de España para que se abstenga de promover una Ley de Amnistía como la pretendida, al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por quebrantar algunos de los valores esenciales de la Unión Europea".