Dinamarca aprueba el uso de otras lenguas en el parlamento y Errejón sentencia con solo tres palabras
El Parlamento danés autoriza a sus diputados a hablar en los idiomas de Groenlandia e Islas Feroe
Íñigo Errejón en una comparecencia en el Congreso. / Europa Press News
Madrid
Después de que en mayo el discurso de una legisladora groenlandesa derivase en un debate sobre la legalidad de esta lengua en la cámara nacional, el Parlamento de Dinamarca ha autorizado a los diputados a utilizar en sus intervenciones los idiomas propios de Groenlandia o de las Islas Feroe.
La mesa del Parlamento reclama ahora "encontrar una solución al problema lingüístico que pueda funcionar en la práctica", en palabras del presidente Soren Gade. Esto llevará a fomentar las traducciones a dos lenguas. Además, podrán disponer de más fondos para contratar sus propios traductores.
Reacciones en España
Ante esta noticia, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha querido darle un toque de humor respondiendo a la noticia con un "Se rompe Dinamarca." Un adjetivo que representa a la perfección la situación política con la que cuenta nuestro país en estos momentos tras la aprobación de las lenguas cooficiales en la actividad parlamentaria.
Hace unas semanas, antes de saberse el resultado de la votación, él mismo subía un mensaje similar, esta vez haciendo referencia a nuestro país: "Lenguas cooficiales en el Congreso: se rompe España".
Las lenguas cooficiales entran al Congreso, pese al show de Vox
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Lenguas cooficiales en el Congreso
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El Congreso ha aprobado por 180 votos a favor y 170 en contra el uso de las lenguas cooficiales en la actividad parlamentaria. Ya es oficial la utilización del catalán, euskera y gallego en el hemiciclo. Entre los apoyos, la nueva norma ha contado con el voto a favor de la diputada del PP por Ourense, Rosa Quintana, aún no ha trascendido si ha sido un error o por voluntad. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC han avalado el uso del plurilingüísmo en el Congreso.
Esta reforma ha incluido una enmienda del PNV que pedía dar validez jurídica a las traducciones para que las leyes que se aprueben en la Cámara Baja y sean publicadas por el Congreso tengan carácter de versión auténtica en todas las lenguas oficiales del Estado.
