El Fiscal General del Estado carga contra los "negacionistas" de la violencia machista: "Influye directamente en la protección de las mujeres"
El presidente en funciones del Supremo define en una palabra el estado del tribunal: "Desolador"
S.M. el Rey preside el acto de Apertura Judicial
El rey ha presidido el solemne acto de apertura de tribunales que, por primera vez, tiene una bicefalia en el Poder Judicial. Francisco Marín, presidente en funciones del Tribunal Supremo, se ha encargado del discurso del Poder Judicial. Vicente Guilarte, presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, ha ocupado su lugar junto al resto de autoridades.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García, ha presentado la Memoria de la Fiscalía. En su discurso, ha cargado contra "los negacionistas de la violencia de género". Ha insistido en que la lucha contra esta violencia es prioritaria y ha dejado cifras que lo corroboran. "Los datos son incontestables. Desde 2009 a 2022 se han presentado dos milones de denuncias. El discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres". El Fiscal ha pedido no retroceder en esta materia y ha señalado el feminismo como motor de transformación social.
En 2022, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que otras 35 víctimas sufrieron un intento no consumado de feminicidio, lo que supone un incremento del 66 % con respecto a 2021. Once de esas 35 víctimas habían denunciado previamente a los presuntos agresores, un 31,4 %.
Esos intentos de asesinato, que no suelen visibilizarse en las estadísticas, se perpetraron en Andalucía (10), Cataluña (9), Madrid (4), Canarias (3), Galicia (3), Valencia (2) y Baleares, Navarra, La Rioja y Castilla y León (uno en cada uno de estos últimos territorios).
A 19 de las 35 víctimas las apuñalaron, a cinco las golpearon, a cuatro las quemaron, a tres las estrangularon, dos recibieron disparos con arma de fuego, una fue cortada con una botella y otra, arrojada al vacío.
En la memoria, la Fiscalía contabiliza los "feminicidios ampliados", que son aquellos asesinatos vicarios de hijos e hijas o personas del entorno íntimo de la mujer cuando son asesinados junto a ella o para hacerle el mayor daño posible.
La violencia machista registrada durante este verano enciende todas las alarmas
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En 2022, se perpetraron siete feminicidios ampliados y hubo tres intentos no consumados. Fueron asesinados tres hijos e hijas, un bebé gestante a punto de nacer, dos amigos y una madre de las víctimas. Los intentos frustrados tuvieron como víctimas a un hijo común de 19 años, un sobrino de 15 años y un amigo. Además, se registraron otros cinco hechos graves que afectaron a cuatro hijos (tres de ellos, menores), a un amigo y a una pareja actual de las víctimas.
Mujeres del mundo rural y mayores de 65 años, las más vulnerables a la violencia de género
La Memoria alerta de que las mujeres del mundo rural y las mayores de 65 años son más vulnerables a la violencia de género y pide medidas para atender sus necesidades. Atribuye esta circunstancia en “el mayor enraizamiento de la cultura patriarcal en la sociedad rural” que “determina un mayor grado de normalización y mayor dificultad en la percepción y reconocimiento de las conductas machistas abusivas y violentas” y que comporta “mayor dificultad para denunciar”.
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A ello hay que sumar otros factores como “la escasez de recursos o la dificultad para acceder a aquellos que existan por las distancias y deficiencias estructurales; la ausencia de anonimato, el miedo al estigma, a ser señaladas y culpabilizadas, el aislamiento…”, todos ellos factores que podrían determinar que, “en el ámbito rural, las mujeres víctimas de la violencia de género, tengan mayores dificultades para salir de la violencia y recuperar su vida”.
Según los datos que cita la Fiscalía, 15 de los feminicidios consumados en 2022 se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, lo que representa el 30%. De ellos, cinco ocurrieron en municipios de menos de 1.000 habitantes (el 10%); seis en municipios de 1.000 a 5.000 habitantes (12%); dos de 5.000 a 10.000 y dos de 10.000 a 20.000 (4% respectivamente).
Racismo, identidad sexual y género son las principales causas de los delitos de odio
El racismo, la identidad sexual, la homosexualidad y el género son las principales causas de los delitos de odio en España, hasta tal punto que estas motivaciones están detrás el 80% de los casos en los que la Fiscalía abre diligencias de investigación, según revela la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2022, presentada este jueves por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la Apertura del Año Judicial. Según los datos del Ministerio Público, durante el pasado año se abrieron 198 diligencias por delitos de odio de las que sólo 166 se recogen en la estadística por conocerse los datos del tipo delictivo investigado, el motivo discriminatorio concurrente y su destino procesal.
Esta cifra supone un descenso del 16% en la apertura de diligencias respecto a 2021. Este descenso “notable” del número de diligencias de investigación, dice la memoria, “no tiene por qué tener una lectura negativa respecto al trabajo del Ministerio Público, sino que puede responder a un conocimiento cada vez mayor por parte de particulares y asociaciones respecto de los elementos que han de concurrir para encontrarnos ante un delito de odio, por lo que se denuncia menos en las fiscalías”.
Según los datos de la Fiscalía, 67 de esos casos tuvieron su origen en motivos relacionados con el racismo, la etnia, la nacionalidad o el origen nacional. Muy estrechamente relacionados se sitúan los 6 casos de antisemitismo o antigitanismo. A continuación, se sitúan los 59 casos relacionados con la orientación o la identidad sexual o el género, los 12 que tuvieron que ver con la ideología, la religión o las creencias, las ocho que se produjeron por motivos de enfermedad o discapacidad, las cinco por razones de género y las tres relacionadas con la aporofobia (odio a los pobres) o la exclusión social.
El presidente del Supremo define como "desolador" el estado del tribunal
El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín, ha sido muy crítico con el papel de la clase política, incapaz de ponerse de acuerdo para su renovación. "No renovar el CGPJ cercena su independencia", ha dicho. Y ha calificado con un adjetivo el estado del tribunal: "Desolador".
El órgano de gobierno de jueces está a punto de cumplir cinco años en funciones por la negativa del Partido Popular a sentarse a negociar su renovación. Este jueves se ha estrenado Vicente Guilarte, el segundo presidente en funciones después de la dimisión hace un año de Carlos Lesmes. El Consejo del Poder Judicial se encuentra en precario y solo cuenta con 16 de sus 21 miembros debido a jubilaciones, dimisiones y un fallecimiento.
Además, mantiene vigente la prohibición de efectuar nombramientos que ya deja 83 plazas judiciales vacantes. 23 de ellas en el Tribunal Supremo, lo que supone un 30% de la plantilla. Las salas de los contencioso-administrativo y de lo social del alto tribunal están funcionando bajo mínimos.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves el criterio del Ministerio Público a la hora de interpretar la ley del 'sólo sí es sí' por medio del decreto que firmó en noviembre de 2022 porque permitió establecer criterios uniformes de actuación respecto a las revisiones de sentencias firmes.
"Los criterios establecidos, primero en el decreto y después en la Circular 1/2023, de 29 de marzo, fueron avalados y asumidos por la Junta de Fiscales de Sala. Aplicados en todo el territorio, son el reflejo preciso de la necesidad, en garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad, de que el mismo criterio jurídico sea defendido ante todos los tribunales e instancias de España", ha sostenido en su discurso en el acto de apertura del año judicial.
Ley de amnistía
La cita está marcada por el encuentro entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont esta semana en Bruselas que ha causado "malestar" y "perplejidad" en un amplio sector del Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas por esta emisora recuerdan que "Díaz forma parte de un gobierno que tiene el mandato judicial, a través del Ministerio de Interior, de detener a Puigdemont". Añaden que esas imágenes juntos de una vicepresidenta y un prófugo de la Justicia sonriendo en Bruselas "dejan perplejos a los jueces de la corte europea que está decidiendo su entrega a España que lleva casi seis años activando todos los mecanismos legales a su alcance para conseguirlo".
El Supremo avala la rebaja de penas tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'
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El otro elemento que enciende al alto tribunal es la ley de amnistía que reclama el expresident catalán. Estas mismas fuentes esperan que el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín, haga una referencia explícita a esta posibilidad en su discurso porque, dicen, "menoscaba el principio de exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".
