Las promesas económicas de Feijóo, a examen: de alargar la vida a las centrales nucleares a una auditoría a las cuentas públicas

Madrid

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha desplegado su programa económico. Plantea rebajar el IRPF a quienes ganen menos de 40.000 euros pero no aclara qué recortará con la caída de la recaudación. Anuncia menos impuestos pero no desvela qué servicios dejarán de ofertarse. Aunque la medida más polémica ha sido su propuesta de alargar la vida de las centrales nucleares.

Primera promesa: alargar la vida de las nucleares

Feijóo ha puesto en cuestión el plan que en 2019 pactaron las grandes eléctricas y Enresa, la empresa pública encargada de los residuos radiactivos, que ni siquiera se ha empezado a aplicar todavía. Ese plan contempla el cierre de las siete centrales nucleares españolas de forma escalonada que empezaría en 2027 —dentro de 4 años— y hasta 2035 cuando se produciría el apagón nuclear total. Ese cierre iba a ser gradual y escalonado:

• Almaraz I cerrará en 2027
• Almaraz II en 2028
• Ascó I y Cofrentes en 2030
• Ascó II en 2032
• Y Vandellós II y Trillo también en 2035

Cuando todas esas plantas nucleares fueron puestas en marcha se estimaba que su funcionamiento sería de 20 años. Se revisó después hasta los entre 30 y 40 años (el plazo que la Agencia Internacional de la Energía considera como “seguro” para los reactores). Si no se aplican los cierres en el calendario previsto, para cuando lleguemos a 2035 esas centrales tendrán 50 años de antigüedad.

• Almaraz I tendrá 54 años de edad
• Almaraz II tendrá 52 años
• Ascó I tendrá 51 años
• Ascó II tendrá 49 años
• Cofrentes tendrá 50 años
• Y Trillo y Vandellos II tendrán 47 años

Así que extenderlas las lleva más allá del consenso de la AIE. A cambio, la energía nuclear representa el 20% de nuestro suministro. Así que se tiene más energía pero, claramente, con mayor riesgo.

Segunda promesa: crear un millón de empleos

La segunda promesa económica de Feijóo es un clásico de las campañas electorales: crear un millón de puestos de trabajo. Siguiendo su "regla del dos", sería la menor creación de empleo de los últimos dos presidentes, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez:

• El periodo de Mariano Rajoy hubo un incremento de 1.191.100 ocupados. Los datos de sus legislaturas son estos: en el cuarto trimestre 2011 había 18,1 millones de ocupados y en el segundo trimestre de 2018, 19,3.
• El periodo de Pedro Sánchez ha creado 1.508.700 empleos a la espera de los datos de este trimestre. Cuando Sánchez llega al gobierno hay 19,3 millones de ocupados y, en la actualidad, hay 20,8.

Por otro lado, Sánchez también infló esa cifra este lunes que había creado 2 millones de puestos de trabajo: la cifra exacta es 1.508.700. Millón y medio, no dos.

Tercera promesa: una auditoría de las cuentas públicas

Feijóo también promete una "auditoría" de las cuentas públicas ante la deuda del Estado. Esa deuda se disparó durante la pandemia y tiene dos grandes explicaciones: una se llama COVID y la otra se llama Putin.

Durante el COVID:

• Se gastó una cantidad monstruosa en Sanidad. Se disparó el gasto en 1.400 millones (1.100 sólo para comprar vacunas)… se dispararon las transferencias a las autonomías para Sanidad (2.867 millones más).
• Y se gastó una cantidad todavía mayor en pagar los sueldos a los trabajadores en ERTE. Los fondos públicos salvaron a miles de empresas y a 3,4 millones de trabajadores, además de a un millón y medio de autónomos… pero costaron 40.000 millones al año.
• La guinda: se enviaron 16.000 millones a las autonomías para su reactivación económica.

Y después llegó la guerra de Ucrania. El conjunto de las medidas adoptadas hasta la fecha supera los 30.000 millones de euros. España es el sexto país de la Unión Europea que más fondos en relación al PIB ha gastado para atenuar el impacto de la crisis, según el think-tank Bruegel. Así que sí, hay más deuda, eso lo puede confirmar cualquier auditoría.

La pregunta no parece económica sino política: ¿Qué se hubiera ahorrado para evitar esa deuda? ¿Se hubiera dejado caer a las empresas? ¿Se hubiera forzado a las familias a pagar más por energía o combustibles? ¿Qué gastos hubiera ahorrado el PP para evitar esa deuda? Es la pregunta y es más de calado político que de auditoría económica.