'Eco-terrorismo': entre la libertad de protesta y la violencia
Polémica en Francia por la ilegalización del colectivo ecologista ‘Sublevación de la tierra’ por sus actos vandálicos, una mano dura que se extiende globalmente, según Novact
Environmental activists from the Alternatiba citizen movement covered the headquarters of the TotalEnergies group in the La Defense district of Paris with red and black paint on 8 February 2023. They denounced the group's ecological footprint the day after it published record profits. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) / Samuel Boivin
Cada vez más Gobiernos se suman a la mano dura ante las acciones vandálicas de algunos colectivos ecologistas cuyos actos causan bloqueos o daños materiales. El último en hacerlo ha sido el Ejecutivo de Emmanuel Macron, en Francia, con la criminalización del colectivo ambiental ‘Sublevación de la tierra’ que había protagonizado acciones polémicas en los últimos meses.
Creada en 2021 como resultado de la lucha exitosa contra la construcción de un gran aeropuerto, la organización es una coordinadora de asociaciones, colectivos y entidades locales ecologistas partidaria de acciones contra grandes infraestructuras, lo que le valió la enemistad de la patronal de la agroindustria. Han peleado contra los megatanques para la agricultura intensiva o la línea de alta velocidad entre Lyón y Turín. También ha tenido duros enfrentamientos con la policía en los últimos meses con heridos de ambas partes.
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Tanto Macron como su ministro del Interior, Gérald Darmanin, han adoptado el término ‘ecoterrorista’ para definir a los integrantes de ese colectivo. Una etiqueta que, según el politólogo y periodista Ricard González, se ha ido utilizando cada vez más en medios de comunicación de ideología conservadora para definir a grupos ecologistas que en los últimos meses han empezado a realizar acciones más contundentes de desobediencia civil. “Esto luego acaba desembocando en arrestos, disoluciones y en una reducción de su espacio de libre protesta que creemos que tiene que garantizarse en una democracia”, defiende.
González es autor del informe ‘No me llames terrorista cuando no lo soy’, un análisis de ‘Novact’ sobre el abuso de las leyes antiterroristas en la región euromediterránea. Cree que las protestas en las que se producen desperfectos en el patrimonio público deben permitirse, asumiendo que los autores recibirán una multa por su infracción, pero el castigo, dice, debe ser proporcionado. “Lo que no creemos que sea aceptable es que en estos casos el castigo sean largas condenas de cárcel”.
La prohibición de ‘Sublevación de la tierra’ ha indignado a los partidos de izquierda y ecologistas, que defienden y justifican su labor. Desde Novact la han recibido como una mala señal. “Demuestra que hay una creciente reducción del espacio para la protesta legítima en todos los países en general”. Y lo que más les sorprende es que ocurra en democracias consolidadas como Francia.
“Bajo ninguna definición de terrorismo mínimamente seria podemos considerar que el verter pintura roja en la pared de un parlamento o el pegarse a un cuadro pueda ser considerado terrorista”, asegura González. “Ninguna de estas acciones genere realmente un clima de terror en la sociedad”.
Lo que les preocupa es la tendencia de algunos Gobiernos que están ampliando su definición de terrorismo en las leyes, aprobadas en momentos de gran preocupación por la amenaza terrorista. “Se están aplicando, no contra estos grupos violentos, sino contra otros grupos que pueden ser radicales, pero que son pacíficos y que en ningún caso tienen como objetivo hacer daño a las personas”, explica.
Ricard González teme que esta mano dura hacia grupos ecologistas que pelean contra la inacción de los políticos por la emergencia climática se materialice también en España utilizando como herramienta la ‘Ley Mordaza’, todavía vigente.
Además de Francia, Alemania y Polonia son otros países europeos en los que el informe de Novact ha observado esta tendencia. Pero fuera del continente, son Egipto y Turquía los dos países que más medidas han tomado contra las acciones de protesta con métodos de desobediencia civil y en los que hay decenas de miles de personas acusadas de terrorismo “con evidencias poco sólidas”, según el politólogo. Túnez y Argelia también presentan un crecimiento preocupante en los últimos años.
