El Consejo de Europa alerta de las desigualdades en España para acceder a la vivienda o a la sanidad pública

El pasado mes de noviembre la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, realizó una visita a España para evaluar la protección de los derechos básicos en nuestro país, y hoy ha presentado sus conclusiones en las que revela importantes carencias sobre todo en el acceso a la vivienda y a la sanidad pública. Mijatovic alerta sobre las desigualdades en la protección de derechos en función de dónde viva cada ciudadano o del nivel de renta que tenga. «A pesar de los esfuerzos significativos que se han hecho en los últimos años para proteger los derechos sociales, persisten las desigualdades», advierte la comisaria, que después pasa a desglosar todas las deficiencias que ha encontrado en su paso por nuestro país, en el que se reunió con varios ministros, con la presidenta del Congreso, con oficiales de la Guardia Civil y la Policía, y en el que visitó también la zona fronteriza de Melilla. Mijatovic considera que es urgente paliar problemas estructurales como el escaso número de vivienda pública, el alto coste de un alquiler o una compra, los desahucios y el incremento de personas sin hogar. También hay un párrafo especialmente crítico con las carencias del sistema sanitario, en el que además alerta sobre el predominio de la atención privada en determinadas regiones. Mijatovic cree que debe realizarse una mayor inversión en la atención primaria en todo el país y destaca además el alto número de fallecidos en las residencias durante la pandemia. Tanto es así, que añade que estas muertes «aún deben ser investigadas en profundidad y en permanente contacto con las familias de las víctimas». El informe analiza otros derechos que no están suficientemente protegidos en España, empezando por la libertad de expresión y de reunión, que considera el Consejo de Europa que están amenazados por la Ley Mordaza. Un impacto sobre todo en «activistas y defensores de los derechos, así como en periodistas», que según Mijatovic, «crea una sensación escalofriante en la población». También se hace eco de denuncias que relatan un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía, así como la imposibilidad de identificarlos con claridad, sobre todo durante las manifestaciones. Sobre inmigración, la comisaria considera que se han dado pasos positivos en la atención a migrantes por ejemplo en Canarias, pero denuncia que el respaldo varía mucho según los territorios y que no se realiza una correcta labor de asesoramiento a los menores no acompañados. También denuncia la larga espera para recibir respuesta a las solicitudes de asilo, los retrasos a la hora de detectar vulnerabilidades y las dificultades de estas personas para acceder a servicios básicos como el sanitario en nuestro país. Avisa además la comisaria de que la cooperación con Marruecos en materia migratoria puede exponer a las personas que buscan llegar a España a situaciones en las que se vean vulnerados sus derechos fundamentales. Cree Mijatovic que esa cooperación «no ha dado pasos concretos para priorizar los derechos humanos». Concluye en el documento que el trato que Marruecos dispensa a las personas que son devueltas desde la valla a ese territorio «están bien documentado y es conocido, o debería serlo, por las autoridades españolas». El informe es mayoritariamente crítico, pero hay también algunos avances en derechos que Mijatovic destaca como especialmente positivos. Subraya principalmente los avances en la legislación relacionada con la salud reproductiva y la protección de la mujer. «El Gobierno de España se ha comprometido en la promoción de la igualdad de género y en la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y personas LGTBI», escribe Mijatovic, quien también destaca «los esfuerzos legales para la igualdad real de las personas trans». En este aspecto además valora positivamente que se hayan tenido en cuenta las aportaciones de defensores de los derechos humanos, activistas y personal sanitario. Por último, aplaude que por primera vez se haya introducido en la legislación española una atención especial a los efectos de la menstruación en una mujer que esté trabajando, permitiendo que pueda tener una baja en caso de una regla dolorosa.

El Consejo de Europa alerta de las desigualdades en España para acceder a la vivienda o a la sanidad pública

Denuncia además que hay carencias en la defensa de la libertad de expresión y en la protección de los derechos humanos en la frontera con Marruecos

Antonio Martín

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