"No tenemos dónde sacar un puto duro": la atención bancaria en la España despoblada, a examen

La vicepresidenta primera y responsable de las políticas económicas, Nadia Calviño, se ha reunido este jueves por la tarde con las patronales bancarias, con asociaciones de usuarios y con Carlos San Juan, promotor de la campaña «Soy mayor, no idiota», para analizar el funcionamiento de las medidas de apoyo a los hipotecados, conocido como Código de Buenas Prácticas, y la exclusión de las personas mayores en la atención presencial. Tras este encuentro, Calviño ha destacado que, desde enero pasado, más de 9.000 personas han solicitado adherirse al Código de Buenas Prácticas para familias deudoras hipotecarias en riesgo de vulnerabilidad ante la subida de tipos, lo que multiplica por 15 las medidas mensuales con el anterior Código. Además del Código sobre hipotecas, en la reunión se han analizado también los relativos a la inclusión financiera de los mayores y de los residentes en zonas rurales y las entidades financieras se han comprometido a mantener las cartillas de ahorro físicas para los mayores de 65 años. Según ha precisado la vicepresidenta, el Banco de España ha indicado durante la reunión que en el mes de mayo habrá más datos al respecto, por lo que la siguiente reunión para evaluar la evolución de los protocolos y códigos se realizará en el mes de junio. Además, Calviño ha defendido que se trata de unas medidas que se «anticipan» posibles problemas y que es «equilibrado» al proporcionar un alivio a las familias que puedan estar riesgo por el alza de los tipos, al tiempo que se mantiene la estabilidad financiera. Según un informe de las tres patronales bancarias (CECA, AEB y Unacc), las entidades han hecho los deberes y están cumpliendo con los códigos de buenas prácticas pactados con el Gobierno: el 81% de las oficinas ya han ampliado el horario de caja y el número de municipios de más de 500 habitantes sin puntos de acceso a los servicios bancarios cayó en 2022 de 243 a 164, lo que supone un descenso del 32%. Sin embargo, la realidad de muchas localidades pequeñas sigue siendo complicada. Enrique Busto es el alcalde de Hospital de Órbigo, un pueblo de unos mil habitantes en la provincia de León. Es zona de paso del Camino de Santiago pero allí ni hay cajero ni banco ni se les espera: «Tenemos 450 camas disponibles porque somos un punto preferencial del Camino de Santiago y tenemos 6 albergues, 4 casas rurales, 3 hoteles y no tenemos dónde poder sacar un puto duro», critica en Hora 14. Busto acompaña a sus padres, mayores, a otro pueblo a que saquen dinero para todo el mes pero cree que el problema, en un lugar tan turístico como ese, también es de la gente joven: «Tiene que desplazarse a 2 kilómetros a un cajero porque aquí no tenemos nada». Esta semana se ha puesto en marcha un plan en Castilla y León para que un camión con un cajero recorra los pueblos. Es una iniciativa pública, gestionada por una empresa privada que no depende de los bancos. El alcalde de Hospital de Órbigo cree que en su caso esto no sirve para nada: «El dinero no se necesita de 10:00 a 12:00, se necesita permanentemente». Al menos las tiendas tienen datáfono ahora pero recuerda que hace no tanto «nadie quería saber de ello» y que con el efectivo es con lo que tienen «un problema tremendo». Antes de la pandemia, hace como unos tres años, Hospital de Órbigo perdió su cajero automático. Desde entonces, su alcalde se lo ha ofrecido a multitud de entidades bancarias cediendo espacios y gastos de forma totalmente gratuita pero la respuesta siempre es la misma: «Que no, que tiene muchísimos gastos un cajero y que no puede ser. Y después lo que vemos es que tienen unos beneficios tremendos, que les hemos rescatado hace muchísimos años y que se nos llena ahora a todos la boca con el mundo rural y luego no tenemos ni dónde sacar un pito duro», sentencia. Los datos del Banco de España apuntan que las entidades han seguido con su política de cerrar oficinas durante 2022. Ahora mismo en España hay 17.900 sucursales bancarias (son los últimos datos de septiembre del año pasado) y esto significa que a lo largo de 2022 cerraron más de 1200, por fusiones, por reducir costes o por búsqueda de eficiencia. Estos datos indican que el cierre ha sido especialmente intenso en provincias con poca población. En Cáceres, por ejemplo, cerraron 63 oficinas, un 26% de las que tenían en 2021. Y en otras provincias como Ciudad Real, Cuenca, Palencia o Baleares han cerrado entre el 17 y el 19% de las oficinas que tenían las entidades bancarias hace un año. Además, si nos comparamos con los datos de 2008, justo antes del estallido de la crisis financiera, han cerrado el 61% de las sucursales que había entonces, muchas de ellas durante los procesos de fusión que han reducido considerablemente el número de entidades bancarias en España.