Níjar desmantela el poblado chabolista de 'El Walili', en el que viven unas 400 personas, entre críticas de varias ONGs
Los residentes serán reubicados en un alojamiento "transitorio alternativo" que ha sido habilitado por el ayuntamiento en dos naves del polígono industrial de Los Grillos
El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha comenzado este lunes el desalojo para el posterior derribo del asentamiento chabolista de 'El Walili', ubicado a un lado de la carretera de San José, una actuación que ha levantado polémica durante los últimos meses en la provincia almeriense. / Carlos Barba (EFE)
Madrid
El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha iniciado este lunes el desmantelamiento del asentamiento chabolista de El Walili, en el paraje de Los Nietos, el cual se encuentra ocupado desde hace años principalmente por trabajadores inmigrantes de los campos aledaños que carecen una alternativa habitacional y a los que, en un primer momento y dentro del protocolo diseñado por el Consistorio, se conducirá, previa solicitud, a un centro de acogida de emergencia y derivación hasta poder darles un espacio donde vivir de forma transitoria. Se estima que allí viven de unas 400 a 500 personas.
El equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa, Esperanza Pérez (PSOE), ratificó el pasado viernes su decisión después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Almería autorizara en un auto el desalojo "forzoso" del poblado chabolista aludiendo al "peligro" que supone el estado de la finca para sus moradores ante los riesgos de incendio y electrocución, entre otros. De hecho, este lunes, poco antes de que se iniciara el desalojo, los servicios de emergencias han tenido que desplazarse a la zona porque se ha declarado un incendio en una de las chabolas, sin extenderse al resto ni provocar heridos.
Unos 60 residentes han optado por acogerse al alojamiento "transitorio alternativo" que ha sido habilitado por el ayuntamiento en dos naves del polígono industrial de Los Grillos. Sin embargo, la mayor parte de sus moradores han declinado trasladarse hasta allí, bien por no contar con medio de transporte para desplazarse a su lugar de trabajo en las fincas agrícolas, bien por no renunciar a sus enseres. El desalojo del asentamiento más poblado de la comarca se ha desarrollado en medio de un fuerte dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que, junto a agentes de Policía Local, han sumado un centenar de efectivos.
Los trabajadores de las ONG que han recibido a los trabajadores temporeros a su llegada a Los Grillos les han facilitado comida y bebidas calientes y les han informado de cuales son las normas de convivencia. Las personas de origen magrebí han sido ubicadas en una de las naves habilitadas con literas, la de mayor tamaño, mientras que los ciudadanos subsaharianos se han alojado en una segunda nave.
Atendidos en un centro de acogida
El desalojo, no obstante, está levantando mucha polémica. Tanto los propios afectados como varias ONG que trabajan directamente con el Consistorio nijareño, así como la Diócesis de Almería, han solicitado en los últimos días el aplazamiento del desalojo al entender que no se dan "las condiciones mínimas para llevarlo a cabo". "Consideramos que el procedimiento final debería haberse realizado asegurando una mayor coordinación y comunicación con las entidades sociales", expusieron desde Almería Acoge, Médicos del Mundo, Hermanas Mercedarias y Fundación Cepaim.
La Plataforma Derecho a Techo, integrada por ONG, asociaciones, sindicatos y formaciones políticas, ha calificado de "deshumanizado" el desalojo del asentamiento y ha asegurado que su "único objetivo" ha sido el de "dispersar" a sus residentes "hacía otros" poblados chabolistas "menos visibles", ya que se ubica en la vía que da acceso al "turismo" del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. En un comunicado, ha criticado que no se haya llevado a cabo el desalojo por "orden judicial" con el "enfoque humano y social que prometió la alcaldesa, Esperanza Pérez", y ha lamentado que "en ningún momento haya pretendido proporcionar alojamiento digno a estas personas".
El Ayuntamiento, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, ha diseñado un programa de soluciones habitacionales transitorias. Tras el desalojo, los afectados serán llevados al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación. Se les facilitará alojamiento y manutención y se reevaluará individualmente cada caso para atenderlo de la mejor manera. El objeto de estos estudios personalizados es elaborar el itinerario de integración de cada individuo antes de su derivación a una solución habitacional transitoria de alquiler.
Este proceso intermedio se prolongará, según las previsiones iniciales, hasta un máximo de dos meses, e intervienen todos los recursos municipales disponibles, que garantizan la capacidad suficiente para las personas identificadas como moradores.
