Mujeres que quieren y no pueden abortar en un hospital público, ni siquiera por razones médicas

El de 22 de septiembre de 2021 Marta Vigara pasaba por los micrófonos de la SER. Contó como un hospital público de Madrid se negó a realizar un aborto pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer. Tuvo que irse a la privada y explicaba cómo te hacen sentir en todo el proceso. Estos sentimientos que tenía Marta son los que seguro han sentido miles de mujeres y nuestro país, y que siguen sintiendo. A Marta Vigara le habían dicho que en su hospital no se hacían a abortos mientras hubiese latido fetal. Después de casi año y medio, sigue siendo muy difícil para las mujeres interrumpir en voluntariamente embarazo en los hospitales públicos aunque sea por razones terapéuticas, aunque esté en riesgo la vida de la madre o del feto. Le pasó recientemente, en noviembre, a Patricia en el más importante de Madrid, en La Paz. Es su centro de referencia donde le llevaron todo el embarazo. Su caso fue el de un diagnostico tardío de anomalía fetal muy grave. Pidió abortar en La Paz pero la derivaron a la red concertada porque allí no se hacen abortos ni siquiera en estos casos. La explicación que escuchó fue esta: «Esto es un tema extra médico, me dijeron. Lo recuerdo perfectamente porque se me clavó en el corazón. Con el tiempo lo he digerido, pero sigo sin entender cómo algo así puede ser extra médico. Yo en en ese momento en la semana 26. Estaba embarazadísima». Patricia tenía miedo y quería abortar en un hospital público. Se informó, encontró la ayuda de asociaciones y mujeres expertas. Una de ellas le gestionó la atención en otro hospital de Madrid, el de Torrejón. Allí le practicaron finalmente la interrupción, fue un parto inducido con muerte perinatal. Y no puede estar más agradecida por el cariño y el respeto que recibió. «El trato del hospital de Torrejón ha sido excepcional. Las matronas me cogían de la mano, lloraban conmigo. Las ginecólogas fueron espectaculares. No tengo palabras para el cariño. Me regalaron las únicas horas que he estado con mi bebé», explica. Sostiene que todo el servicio de ginecología le ayudó además a superar el duelo por su bebé Lara. Y le hemos preguntado a Patricia por qué quiere contar su caso públicamente: «Que se cumpla la ley y que se asegure en los hospitales públicos la interrupción del embarazo. No puede ser que en un hospital como La Paz objete en bloque. Es un tema médico. Y es horrible y doloroso para las familias». La objeción de conciencia colectiva es generalizada en prácticamente en todas las comunidades autónomas. Desde siempre. Se niegan sistemáticamente porque no quieren ser estigmatizados. Y a pesar de que el aborto es desde 2010 un derecho de las mujeres, esta objeción hace imposible que haya abortos en los hospitales públicos. Lo reconoce en declaraciones a la Cadena SER la consejera de Igualdad de Castilla La Mancha, Blanca Fernández: «No tenemos ahora profesionales que no estén acogidos a la objeción de conciencia y es muy difícil ofrecer este servicio en condiciones de garantía». La nueva reforma de la ley del aborto, a punto de aprobarse en el Senado, pretende acabar con esta situación. Blindará el aborto en la sanidad pública, propiciará que las mujeres puedan hacerlo en su centro más próximo sin tener que recorrer cientos de kilómetros y creará un registro de objetores para que se garanticen las interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos.

Mujeres que quieren y no pueden abortar en un hospital público, ni siquiera por razones médicas

Patricia pidió abortar en el Hospital de La Paz (Madrid) pero la derivaron a la red concertada tal y como indica el protocolo

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