Desligar la electricidad del precio del gas: la propuesta española para reformar el mercado eléctrico
España enviará hoy a Bruselas su propuesta de reforma del mercado mayorista de la electricidad: un modelo en que cada tecnología se pagará en función de sus costes de generación que establece un mercado de contratos a plazo de energía y de capacidad
(De i a d) Las ministras de Trabajo Yolanda Díaz, Política Territorial Isabel Rodríguez y Transición Ecológica Teresa Ribera ofrecen la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa en Madrid, este martes. / Javier Lizón (EFE)
Madrid
Dejar de pagar toda la energía al precio de gas y empezar a remunerar a cada fuente en función de sus costes de generación. Esa es la clave de la propuesta de reforma del mercado eléctrico que el ministerio de Transición Ecológica ha presentado hoy al resto de miembros del gobierno y que remitirá a Bruselas para poder avanzar en la modificación de la conformación de precios en el mercado mayorista de la electricidad. Una propuesta que busca solventar los principales problemas del actual modelo que, según el ministerio, son:
- Que el precio final no refleja el coste medio real de la producción de electricidad –sino el precio del gas natural, que es la tecnología más cara-;
- La generación de beneficios caídos del cielo para las tecnologías inframarginales –cuya producción es más barata, como las renovables-;
- La elevada volatilidad que se traslada desde los mercados de materias primas a los consumidores;
- Que no ofrece seguridad de suministro –porque, apuntan, no ofrece las señales adecuadas para que las compañías energéticas inviertan en almacenamiento-; y
- Tampoco proporciona información a las empresas sobre qué retorno obtendrán si invierten en renovables, lo que, en último término, desincentiva tales inversiones.
Para solucionar estas ineficiencias y con el objetivo de que, a medio y largo plazo, los consumidores paguen un precio que se asemeje más a los costes de producción de la electricidad, es decir, más bajo, la propuesta española pasa por establecer dos mercados: uno donde se negocien los contratos a plazo de la energía y otro para los contratos a plazo de capacidad.
En el primero se fijarían los precios a los que se venderían determinadas cantidades de energía. El establecimiento de este nuevo mercado no implicaría la supresión del actual, el diario: este sería complementario y en él se negociaría una pequeña cantidad de energía.
En este esquema, las renovables, la hidráulica y la nuclear, y los ciclos combinados y las centrales de carbón tendrían distintas formas de remuneración en función del tipo de tecnología de que se tratase. Las renovables podrían acudir a una subasta donde venderían su producción eléctrica para los siguientes años, con un precio determinado -más cercano a su coste de generación que el actual- lo que permitiría no solo reducir los beneficios caídos del cielo, si no que también conseguiría que las empresas conocieran, prácticamente desde un primer momento, el retorno de su inversión. El precio de la energía nuclear y la hidráulica, según esta misma propuesta, lo fijaría el regulador –una figura que, por el momento, no se corresponde con ningún organismo concreto-, mientras que el de los ciclos combinados, que son los que utilizan gas, y de las centrales de carbón estarían marcados, en ese caso sí, por el precio de las materias primas, como ocurre actualmente.
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El segundo de los mercados, el de capacidad, serviría para asegurar el suministro remunerando a las empresas la disponibilidad para cubrir la demanda cuando, en un determinado momento, la energía negociada no fuera suficiente. Para ello se pagaría a las empresas a cambio de disponer de su energía.
Un mecanismo que, según consideran desde el ministerio, permitiría alcanzar los dos principales objetivos que debería cumplir el mercado eléctrico: asegurar el suministro de energía y avanzar en los objetivos de la transición energética, lo que se conseguiría gracias a la “señal de precios” para la inversión en renovables; además de tratarse de una propuesta lo suficientemente flexible y abierta para que cada uno de los Estados miembro pueda adaptarla a su situación particular.
Una propuesta que desde el ministerio califican de “revolucionaria” porque, aseguran, cambia los dogmas que se habían establecido hasta ahora en el mercado energético, pero que es viable y que se podría implementar en poco tiempo –pese a que su aprobación podría dilatarse por tener que seguir el trámite ordinario- aunque luego necesitaría un instrumento normativo que desarrollara la norma en cada país.
