El régimen iraní ahorca en público a un segundo preso por participar en las masivas protestas
Majid Reza Rahnavard fue detenido por practicar la "guerra contra dios" y, tras un interrogatorio y un juicio sin ninguna garantía, reconoció supuestamente el asesinato de dos miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas que recorren el país. Es el segundo ahorcamiento público en una semana
El ahorcamiento público de Majid Reza Rahnavard en Irán / -
Teherán
El régimen iraní continúa con su política del miedo y se encomienda a las ejecuciones de manifestantes en un intento de detener las protestas que piden el fin de la República Islámica, después de que la represión policial no lograse acabar con unas movilizaciones que van a cumplir tres meses y a pesar de las fuertes críticas internacionales. Este lunes, las autoridades del país han ejecutado en público a un segundo preso condenado por su participación en las protestas que sacuden el país, a pesar de la ola de críticas internacionales tras el ahorcamiento del primer manifestante la semana pasada.
Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mashad (noreste) después de que fuese sentenciado a muerte por el asesinato de dos agentes de seguridad, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.
"Fue sentenciado a muerte por practicar la 'guerra contra dios' por acuchillar hasta la muerte a dos miembros de las fuerzas de seguridad", explicó Mizan, que añadió que además hirió supuestamente a otras cuatro personas. El joven fue arrestado el 19 de noviembre, acusado el 24 y su juicio se celebró el 29, mismo día en el que fue condenado a muerte, después de supuestamente confesar sus crímenes, según Mizan.
Otros nueve presos han sido condenados a muerte por las protestas y según Amnistía Internacional al menos 28 acusados podrían ser condenados a la horca. La ejecución de Rahnavard se produce cuatro días después del primer ahorcamiento de un preso condenado por participar en las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini a mediados de septiembre.
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El jueves Mohsen Shekari, de 23 años, fue ejecutado por herir a un basiji -miliciano islámico- con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán. Esa ejecución provocó una oleada de condenas internacionales, especialmente desde países occidentales, que han pedido a Irán que ponga fin a los ahorcamientos.
La Unión Europa prevé dar luz verde este lunes a nuevas sanciones contra responsables iraníes de violaciones de los derechos humanos, tras criticar duramente la ejecución de Shekari la semana pasada. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker, consideró que la ejecución del joven tenía como objetivo sustar a los manifestantes. "Claramente esto tiene el propósito de crear temor para el resto de los manifestantes", sostuvo el viernes en una rueda de prensa Türk.
A pesar de ello la ejecución ha provocado nuevas protestas en el país, como las del sábado, cuando se celebraron marchas en silencio y con velas en numerosas ciudades de la nación persa para condenar el ahorcamiento. Este lunes, tras conocerse la nueva ejecución, activistas iraníes han llamado de nuevo a protestar, con movilizaciones para esta misma tarde y mañana miércoles con vigilias durante la noche.
Juicios y ejecuciones por la vía rápida
Los juicios y condenas de los dos ahorcados han sido “express”. Rahnavard fue arrestado el 19 de noviembre, acusado el 24 y enjuiciado el 29, mismo día en el que fue condenado a muerte, después de supuestamente confesar sus crímenes, según Mizan. Se trata de una celeridad inusual incluso para uno de los principales países del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones -la mayoría por delitos de drogas- en 2021, según AI.
También es inusual la ejecución pública, procedimiento que ha caído en desuso en los últimos años en un intento por mejorar la imagen del país. En comparación, durante las masivas protestas de 2009 por el supuesto fraude electoral en la elección del expresidente Mahmud Ahmadineyad se tardaron siete meses en llevarse a cabo ejecuciones.
Los medios estatales anunciaron en enero de 2010 las ejecuciones de dos personas implicadas en el masivas movilizaciones del Movimiento Verde, pero más tarde se reveló que los presos habían sido detenidos antes de las protestas y no habían sido ahorcados por ellas. En el caso de las protestas de 2019, que comenzaron por el aumento del precio de los combustibles y en las que murieron 300 manifestantes, se condenó a muerte a varias personas, pero nunca se anunció su ejecución.
Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979. En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos hay 15.000 detenidos, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo. Irán es uno de los principales países del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones llevadas a cabo en 314, según Amnistía Internacional.
Nilufar Saberi, activista iraní pro Derechos Humanos
11:48
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