El Gobierno elige a Juan Carlos Campo y a Laura Díez para el Constitucional con críticas de sus socios de gobierno

Madrid

El Consejo de Ministros ha nombrado a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general en Moncloa, para el Tribunal Constitucional, tal como había avanzado la Cadena SER. Campo fue el ministro de Justicia que tramitó los indultos a los líderes del procés. Estuvo en el cargo un año y medio. Salió en julio del año pasado y desde entonces ha ocupado su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional. Díez es catedrática de Derecho Constitucional y fue directora general de asuntos constitucionales en el ministerio de la Presidencia hasta que hace seis meses pasó al Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña.

El Gobierno dice que Juan Carlos Campo y Laura Díez "cumplen los requisitos" para ir al TC y defiende que está "predicando con el ejemplo" al cumplir la Constitución: "El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión y nombrar a dos magistrados".

Este movimiento pone al Tribunal Constitucional en una situación inédita y tendrá que decidir si permite que los dos magistrados tomen posesión sin tener sobre la mesa el nombre de los otros dos que elige el Consejo del Poder Judicial porque ocho vocales elegidos a propuesta del PP impiden la renovación. La Constitución señala que el tribunal de garantías se renueva por tercios y que, por lo tanto, no pueden tomar posesión los del Gobierno sin los del Consejo y viceversa. Sin embargo, hay voces dentro del tribunal -de magistrados conservadores y progresistas- que subrayan que una cosa es que no haya renovación por una imposibilidad legal o un imponderable y otra, muy distinta, que la renovación no se produzca por una clara falta de voluntad de quien debe realizarla.

El pasado mes de octubre, cuando la negociación entre el Gobierno y el Partido Popular parecía encaminada a renovar las instituciones, Moncloa y Génova pactaron que los jueces y magistrados que fueran nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrían regresar al juzgado en el plazo de dos años. Mantendrían el sueldo y la categoría, pero se quedarían desempeñando funciones administrativas en órganos del Estado durante ese periodo. La ruptura de las negociaciones por parte del PP impidió el acuerdo.

Confirmación del ministro Bolaños y críticas de Unidas Podemos

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado los nombramientos. "El Gobierno está obligado a cumplir con la Constitución. Nos hubiese gustado que hubiera coincidido con la renovación de los magistrados conservadores. Lo podrían hacer esta misma tarde si quisieran", ha dicho.

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Bolaños ha dicho que desde el Gobierno han actuado con "prudencia", pero que ya "han pasado demasiados meses". El ministro ha defendido que los dos candidatos realizarán "con rigor y respeto" su labor. El Gobierno remitirá ahora este acuerdo al Tribunal Constitucional para que este verifique que estos candidatos cumplen con los requisitos de idoneidad.

EL nombramiento de Campos, exministro de Justicia, ha sido criticado por los socios de Gobierno. Unidas Podemos ha lamentado que el PSOE haya utilizado "la puerta giratoria" y ha incidido en que les hubiera gustado poder discutir los nombres y su idoneidad". El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha criticado que la parte socialista del Ejecutivo informara a la parte morada de este nombramiento a "última hora" de ayer y aunque lo considera "buena noticia" porque finalmente el Gobierno cumple con la ley, ha lamentado no haberse consensuado entre ambas formaciones. "Es un acto de cinismo... Nos parece poco coherente", ha dicho.