El ultraconservador José Luis Requero redactará la sentencia sobre la sanción a Isabel Díaz Ayuso por propaganda electoral

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha emitido una providencia mediante la que ha designado al magistrado José Luis Requero, como ponente de la sentencia que responda al recurso presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se opone a la sanción de 600 euros impuesta por la Junta Electoral Central (JEC), por actos electoralistas durante la campaña de mayo de 2021. Requero, que deberá presentar su fallo para votación el próximo 24 de enero, es un magistrado ultraconservador que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008 a propuesta del Partido Popular, y que ahora deberá decidir sobre su presidenta madrileña. El magistrado Requero, que llegó a ser vicepresidente y portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, comparó en una entrevista en el diario El País al matrimonio homosexual con la unión “entre un hombre y un animal”; anuló en sentencia la campaña de uso del preservativo “póntelo, pónselo”; y se opuso a la exhumación del dictador Francisco Franco. Desde 1978 es miembro de Opus Dei. La Fiscalía del Supremo ha pedido a la sala que ratifique la sanción a Isabel Díaz Ayuso y llegó a calificar el pasado mes de julio el argumento de la presidenta madrileña como “absurdo” y “puro sinsentido”. El fiscal censuró los razonamientos de Ayuso para criticar la pretendida parcialidad de la Junta Electoral Central y avaló la actuación del órgano sancionador. El representante del Ministerio Público recordó además que Díaz Ayuso no puede alegar desconocimiento o que no fue advertida, pues fue apercibida por la JEC en varias ocasiones de que “evitase mensajes electoralistas” por lo que “la sancionada” había sido objeto de “especial ilustración sobre las conductas que resultaban proscritas”. La sanción obedece a la presentación de un avión de la compañía Iberia el 12 de abril de 2021 y cuatro días más tarde, a la visita oficial a las obras del puente entre el desarrollo de Valdebebas y la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, donde según la resolución de la Junta Electoral Central, Ayuso realizó “manifestaciones de contenido valorativo y electoralistas en el curso de actos institucionales” con “quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar”. En aquellos actos, en plena campaña, Díaz Ayuso anunció una inversión de “más de 1.000 millones” en proyectos de colaboración junto a Iberia o Airbus, una “nueva terminal de carga” o un “nuevo polo industrial” que incluiría un “campus de la innovación”. También vendió “Madrid nudo Norte” como el “mayor desarrollo urbanístico del sur de Europa” en los próximos años, y aprovechó para prometer el “plan de Vivienda Joven” de Madrid, con “6.000 nuevas viviendas” que iban a empezar a construirse. Isabel Díaz Ayuso también alegó prescripción de los hechos para evitar la sanción económica, al entender que habían transcurrido más de 6 meses desde que sucedieron los hechos hasta que le fue notificada la sanción. Pero el Fiscal del Supremo también rechaza este argumento y expone que Ayuso fue notificada hasta en tres ocasiones y en tiempo y forma desde el inicio del expediente infractor, por lo que quedaban interrumpidos los plazos de prescripción. El fiscal pide a la Sala la desestimación de la demanda interpuesta por la presidenta madrileña, la confirmación de la sanción de 600 euros y que le sea impuesto el pago de las costas del proceso. Se da la circunstancia de que a pesar de que la Comunidad de Madrid cuenta con un numeroso y prestigioso cuerpo de letrados que perciben una nómina pública, Isabel Díaz Ayuso ha encargado la defensa de este procedimiento al despacho de abogados Fuster-Fabra, que cuenta entre sus letrados con el excoordinador general del Partido Popular y exvicesecretario general de Organización Electoral, Fernando Martínez-Maíllo.