Solo queda esperar
El problema que tiene el Consejo General del Poder Judicial para declarar “intolerables” las manifestaciones de la ministra de Igualdad es que el órgano de gobierno de los jueces se encuentra el mismo en una posición “intolerable” desde hace mucho tiempo
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Irene Montero, secretaria de Acción de Gobierno de Podemos y ministra de Igualdad, durante el acto de clausura de la Universidad de Otoño de Podemos, este domingo en el Teatro Coliseum de Madrid. EFE/Mariscal / MARISCAL (EFE)
![Irene Montero, secretaria de Acción de Gobierno de Podemos y ministra de Igualdad, durante el acto de clausura de la Universidad de Otoño de Podemos, este domingo en el Teatro Coliseum de Madrid. EFE/Mariscal](https://cadenaser.com/resizer/v2/2KX2FJA3JV22H3U3VJBOBAGJIQ.jpg?auth=594aa0fbbc10a77775e291bac1564589458af3f917c3c254481bec8e85141f5a)
El problema que tiene el Consejo General del Poder Judicial para declarar “intolerables” las manifestaciones de la ministra de Igualdad es que el órgano de gobierno de los jueces se encuentra el mismo en una posición “intolerable” desde hace mucho tiempo, con todos sus miembros ocupando plazas en las que deberían haber cesado hace nada menos que cuatro años. Es lo que tiene aceptar durante tanto tiempo situaciones que afectan a su prestigio, que después, cuando tienen que salir al paso de unas declaraciones que afectan a su independencia y a su cometido, se encuentran en muy mala posición para hacerlo. La renovación del Consejo ha sido, y sigue siendo, objeto de una politización tan burda que perjudica indirectamente la imagen de los jueces y, desde luego, muy directamente, la de su órgano de gobierno.
Dicho todo esto, los ministros de un gobierno son los menos indicados para poner en solfa la independencia de los jueces, por mucho que discrepen de su interpretación de la ley. Solo les queda esperar a que el Supremo estudie los recursos de casación que se presenten y proceda a unificar criterios. Se supone que ese es precisamente uno de los supuestos en los que el Supremo actúa: cuando se aprueba una nueva ley y no existe jurisprudencia. Claro que mientras tanto el gobierno se tendrá que “comer” sin volverse loco aquellos casos en lo que la interpretación más beneficiosa para un delincuente sexual le permita acortar la pena o incluso abandonar la cárcel. Es lo que tiene aprobar textos de leyes que permiten interpretaciones muy distintas al objetivo que se pretende. Solo queda esperar.
![Soledad Gallego-Díaz](https://s3.amazonaws.com/arc-authors/prisaradio/f80d7942-820a-4d51-9a09-8ae296cbae41.png)
Soledad Gallego-Díaz
Es periodista, exdirectora del periódico 'EL PAÍS'. Actualmente firma columnas en este diario y publica...