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Los populismos pueden volver a impulsar la pena de muerte

Amnistía Internacional teme que los radicalismos políticos puedan favorecer una regresión de los avances para abolir la pena de muerte. El primer español en librarse de la ejecución cuenta sus años "interminables" en el corredor

Mi vida en el corredor

Mi vida en el corredor

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Solo el año pasado 579 presos de 19 países fueron ejecutados o condenados a muerte, según datos recogidos por Amnistía Internacional. 27 estados estadounidenses mantienen todavía la pena de muerte, como lo hacen países como Irán, Irak, Arabia Saudí, Corea del Norte y China. La cifra de condenados ha crecido respecto al año pasado, en parte por el levantamiento de las restricciones impuestas durante la pandemia.

Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional, señala que, pese a la tendencia positiva de los últimos años, los crecientes populismos y radicalismos políticos pueden favorecer una regresión. “No podemos olvidar que hace poco más de un año, Donald Trump firmaba la sexta ejecución a nivel federal en un periodo de unos tres o cuatro meses. Con la llegada de Biden al poder, las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos han vuelto a quedar suspendidas, pero estos mensajes son replicados o amplificados por determinadas autoridades como las nicaragüenses”, alerta.

Ideas como la de que la pena de muerte es un elemento disuasorio frente al crimen son las que preocupan a la organización, aunque, dice de las Heras, son fácilmente desmontables comparando por ejemplo las cifras de Estados Unidos con Canadá. Otros argumentos como el de que es mejor ejecutar a una persona que mantenerla en prisión toda la vida, dice, son más difíciles de contrarrestar. Pero insiste en las posibilidades de reinserción y exoneración que se perderían.

"Tiempo interminable" en el corredor de la muerte

Joaquín José Martínez fue el primer europeo en salir del corredor de la muerte de Estados Unidos hace más de dos décadas. Desde entonces, cuenta que se dedicó a dar las gracias a todos los que se involucraron en su libertad y a hacer todo de lo que estuvo privado durante los cinco años y medio que estuvo preso. Por eso hace poco que ha empezado “a vivir realmente” y a seguir luchando. “Intento vivir mi vida al máximo”, dice, “como si cada experiencia fuese el último segundo de mi vida”.

El tiempo de espera es para él la parte más dura de la pena de muerte. “Cuando hablamos a la crueldad de lo inhumano que es el corredor de la muerte, hablamos de la ejecución en sí, de lo cruel que puede llegar a ser estar sentado en una silla eléctrica, pero no se habla del tiempo. El tiempo es interminable en un corredor de la muerte”. Y recuerda que puedes estar quince o veinte años esperando hasta que un día te dicen que el Gobernador ha firmado tu sentencia y te informan del día, hora y minuto exactos en los que vas a morir.

Durante el tiempo en el que Joaquín José estuvo compartiendo celda con otros trece presos en el corredor de la muerte compartieron sus experiencias. De ellos, a los que llama compañeros, recuerda que le arroparon en sus peores momentos. También pone el foco sobre los familiares como “otras víctimas de las que no se habla”. Por ellos sigue colaborando para intentar ayudar a los presos que siguen allí como el hispano-estadounidense Pablo Ibar. “Es una lucha interminable y es importante que sigamos con ella”, insiste.

Ahora hay más voces contra la pena de muerte y Martínez se siente optimista al reconocer un avance y un crecimiento en las personas.

La lucha contra la pena de muerte cumple veinte años, cuando se fijó un Día Internacional contra esta práctica. Estados Unidos ha ido logrando avances poco a poco impulsadas por líderes como el exgobernador de Maryland, Martin O'Malley, que logró abolir la pena de muerte en ese estado. Le costó “muchas conversaciones duras y sentimientos encontrados”, explica, porque “mucha gente cree que si una persona quita la vida a otra merece perder la suya”.

Llevó unos seis años y tres intentos cambiar la opinión pública a la par que reducían los niveles de violencia.

En 2017 la Unión Europea presentó ante Naciones Unidas la propuesta de una moratoria global para la pena de muerte. 104 estados votaron a favor y 54 en contra, entre ellos Estados Unidos.

 
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