El Gobierno aprueba el plan de ahorro energético con obligaciones al sector privado y más descuentos en transporte

Madrid

El Consejo de Ministros de este lunes, que se ha alargado más de tres horas sobre lo previsto, ha aprobado un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, que ha sido coordinado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En la rueda de prensa posterior, Ribera ha explicado que el paquete incluye el fomento del teletrabajo en el ámbito público y privado, así como el límite del uso del aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19 grados en los edificios públicos, grandes almacenes, espacios culturales como el cine o el teatro, así como en hoteles, estaciones de tren o aereopuertos.

El Plan de contingencia y ahorro, que para la vicepresidenta tercera "era imprescindible aprobar antes de septiembre", requiere la ayuda de "todos los sectores" y por ello afecta al ámbito privado. Además de la regulación de temperaturas, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando dispongan de sistemas de calefacción o refrigeración en funcionamiento.

Todas las medidas deberán ser aplicadas considerando "la flexibilidad que requieren las circunstancias". Ribera ha recordado que "un grado menos en el termostato nos permite ahorra un 7% del total del consumo personal", mientras que "la situación es crítica porque se puede producir un corte del gas procedente de Rusia en cualquier momento" para después añadir "cualquier agresión a un socio europeo lo es a todos".

Las reacciones no se han hecho esperar e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, ya se ha mostrado en contra de este plan propuesto: "Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?", ha publicado en su cuenta de Twitter.

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Nuevas ayudas al transporte

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para el sector del transporte, que incluye un proyecto de ley para garantizar la rentabilidad de los transportistas, así como la gratuidad de los trenes de servicio público de Cercanías y Media Distancia. En la rueda de prensa posterior, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que las medidas "complementan los compromisos con el propio sector", y dan respuesta "a la inmensa mayoría de los españoles que sufren las consecuencias" de la invasión rusa de Ucrania.

Así, asegura que las medidas amortiguarán el coste que supone el conflicto bélico en la economía tanto de las familias, como de sectores específicos que se están viendo especialmente afectados. En cuanto a las ayudas a los usuarios de transporte ferroviario, se establece la gratuidad de los servicio de Cercanías y Media Distancia de Renfe, y se mantiene la reducción del 50% del precio de los títulos de los servicios Avant.

La subvención estará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, y los usuarios deberán abonar una fianza de entre 10 y 20 euros dependiendo del servicio a la hora de adquirir el abono, que será devuelta si se realizan un total de 16 viajes (cuatro al mes) en los cuatro meses de vigencia. Por su parte, ha anunciado que se aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria, evitando que el precio del servicio sea menor que el precio de costes y obligando a que los contratos se recojan por escrito.

Además, se abre una nueva línea de ayudas directas por valor de 450 millones de euros, que permitirá recibir una cuantía determinada en función del tipo de vehículo, fijada en 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta o ambulancia, y 300 euros por vehículo ligero (taxis y VTC).

La ley de revelación de los secretos de Estado busca consenso

España tendrá una ley de Secretos Oficiales adaptada a la Constitución, similar a las que existen en otros países de la Unión Europea y alineada con las recomendaciones de la OTAN. Pero aun así, los secretos de mayor implicación tardarán medio siglo en darse a conocer. El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Anteproyecto con el que el Gobierno quiere enterrar definitivamente el de la etapa franquista, que está hoy en vigor, y que no fija ningún plazo de desclasificación de documentos o archivos considerados sensibles. Según la normativa actual, pueden permanecer ocultos eternamente.

El texto presentado contempla, por primera vez, un proceso para hacer pública esa información, aunque la más sensible tardará 50 años en ver la luz. Es en este aspecto donde no están de acuerdo los socios de la coalición, Unidas Podemos, ni tampoco algunos socios de investidura como ERC. Consicentes de ello, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha indicado que ahora abren un proceso para buscar consensos con el objetivo de que salga adelante el anteproyecto de ley "para finales de año".

La nueva legislación prevé crear cuatro categorías, según el grado de protección que requieran. Hasta ahora solo existían dos, secreta y reservada. Los nuevos tipos serán, de mayor a menor sensibilidad: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. La mayoría de países de nuestro entorno, también los organismos internacionales más importantes, se rigen por cuatro niveles, lo que facilitaría, según el Gobierno, el intercambio de datos y los procesos de desclasificación.

En función de esa escala se fijarán también los plazos para poder acceder a los documentos. Los de más sensibilidad podrán guardarse bajo llave durante 50 años, incluso podrían prorrogarse en algunos casos. Los que no comprometan especialmente la seguridad, hasta 4. El PNV, partido que ha estado durante varias legislaturas reclamando la reforma de esta ley, proponía en un texto registrado en el Congreso que ese plazo no excediera los 25 años. Ese es el tiempo que se utiliza en Estados Unidos. En otros países como Alemania oscila entre los 30 y los 60. En Francia se utiliza el mismo plazo que pretende instaurar nuestro país.

Luz verde a la Ley de Derechos Animales

Por último, el Consejo de Ministros ha dado luz verde "en segunda vuelta" a la Ley de Derechos Animales, una norma que, entre otras cuestiones, endurece las penas por maltrato animal y propone una política de sacrificio cero, salvo por razones sanitarias. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pretende poner fin al maltrato, abandono y sacrificio animal.

Uno de los mayores cambios de esta legislación, cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero, es precisamente impedir que se sacrifiquen animales de compañía, salvo por motivos sanitarios y eutanásicos. Isabel Rodríguez, la ha calificado como "una norma pionera en nuestro país". La ministra ha puesto en valor que "muchas comunidades autónomas y ayuntamientos ya habían hecho ejercicios en esta dirección", y ha manifestado que "se trata de sentar las bases para un marco legal común".

En definitiva, según Rodríguez, los objetivos "más importantes de esta ley que ustedes ya conocen - ha dicho- y que les explicó aquí la ministra de Derechos Sociales es poner fin al maltrato animal reformulando también el Código Penal en cuanto a sus penas, el abandono y el sacrificio de animales". Esta ley también persigue "dar respuesta a una sociedad, la española, que cuenta en uno de cada tres hogares con un animal con el que conviven y hacen su día a día", ha agregado.

De esta manera, se "da respuesta, y con esto el Gobierno está en plena sintonía, al sentir de una ciudadanía española donde los animales son un miembro más de las familias", ha concluido Isabel Rodríguez.

Por otro lado, esta primera Ley de Derechos Animales "nos hace más humanos" al acabar con la "impunidad" de los maltratadores, con penas de cárcel y multas que pueden llegar a 200.000 euros, afirmó a los medios en un vídeo la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que "la gran mayoría de nuestra sociedad cuida, quiere y respeta a los animales y queremos que nuestro país tenga una legislación a su altura", añadió.

Además, la normativa lucha contra el abandono al exigir que todos los animales de compañía estén identificados y que la cría solo pueda hacerse mediante criadores registrados. Se trata de un "problema muy serio" en España, pues "el año pasado más de 285.000 perros y gatos llegaron a las protectoras", apuntó la ministra. También se prohíben los circos con animales salvajes y la comercialización de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales.

Los zoos y delfinarios se reconvertirán en centros de recuperación de especies autóctonas, y se prohibirá la utilización de animales en actividades y espectáculos en los que puedan sufrir daño o muerte, como las peleas de gallos o el tiro al pichón.