Gobierno y Generalitat retoman la normalidad en sus relaciones y dejan atrás la crisis por Pegasus

Cuando parecía que el Gobierno de coalición tenía los días contados, con un cruce de declaraciones públicas constante entre los socios, sus dirigentes han logrado dar un vuelco a la situación política en España. Las elecciones andaluzas y las diferencias por el gasto militar dejaron muy tocadas a las formaciones progresistas, lo que ha provocado una reacción clara y contundente esta semana, que marca una hoja de ruta de clara de cara al último año de legislatura.

La cita importante de la semana era el debate del estado de la nación, que arrancó el martes y concluyó el jueves. Pedro Sánchez anunció una batería de medidas sociales que ratifican el giro a la izquierda del Gobierno, muy solicitado desde hace meses por parte de UP, pero también por los socios de investidura. La decisión ha sido celebrada por la totalidad de estos partidos y reconcilia a una mayoría parlamentaria que se presupone muy necesaria de cara a los próximos meses. Como colofón a esta 'semana perfecta' del Ejecutivo, el Govern catalán ha decidido dejar atrás las diferencias que provocó la crisis por el espionaje de Pegasus y retomar la normalidad en sus relaciones.

La principal prueba de ello es que, tras reunirse Pedro Sánchez y Pere Aragonès durante casi dos horas en Moncloa, la mesa de diálogo entre ambos gobiernos se retomará la última semana de julio. Han pasado diez meses de aquel 15 de septiembre en el que se celebró la última y durante este tiempo las diferencias no han sido solo por Pegasus, ya que, por ejemplo, ERC decidió votar en contra de la reforma laboral, una decisión que, de no ser por el error en la votación del diputado del PP, Alberto Casero, podría haber propiciado la salida de Yolanda Díaz del Gobierno -y quizás de la política, como admitió posteriormente-.

En este sentido, para evitar choques en el deshielo político, el encuentro de este viernes ha evitado afrontar los tres temas que más diferencias provoca entre el gobierno regional y el central: la reforma del delito de sedición que quiere impulsar ERC, la negociación de los presupuestos de cara a 2023, que arrancarán su tramitación en septiembre, y por último el reciente apoyo que el abogado de la UE dio a España en el caso Puigdemont, que abre la posibilidad de una extradición en el futuro.

Pero ahora la situación es diferente y parece que esas diferencias están ya superadas, por lo que en apenas dos semanas se producirá el tercer encuentro de este tipo entre delegaciones catalanas y centrales. Ambos presidentes no estarán presentes en la reunión, pero desde Madrid confían en que sí acudan representantes de los cuatro partidos que forman las dos coaliciones, PSOE-UP y ERC-Junts. La única duda actualmente es esta última formación conservadora, reticente al diálogo con Moncloa e instalada en el argumento de la "persecución política" para todos sus imprevistos, incluido el último, la petición de seis años de prisión contra Laura Borràs por un presunto delito de prevaricación y otro de falsedad en documento público.

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Ante una posible ausencia de Junts en la mesa, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha declarado que "quién decida no participar después tendrá que explicarse ante los catalanes", después de indicar que sería "deseable" que estén todos los partidos involucrados presentes. También ha querido mandar un mensaje a la oposición, que ha acusado al Ejecutivo en numerosas ocasiones de facilitar la ruptura de España: "Defendemos que podamos seguir avanzando en el perfeccionamiento de las autonomías, dentro de la clara vocación de la defensa del título VIII de la Constitución y del Estado autonómico".

Por su parte, desde ERC han destacado la seriedad que ha mostrado Moncloa para reconducir la situación, pero Aragonès ha recordado que la causa del espionaje con Pegasus sigue abierta: "Se trata de un hecho muy grave que no se resuelve con la sustitución de la directora del CNI. Es necesario ir hasta el fondo de la cuestión y por ello celebro el compromiso del Gobierno de colaborar de forma absoluta con la justicia para aclarar los hechos".

Además, ha recordado que la solución para el conflicto de fondo, la independencia de Cataluña, está muy lejos todavía, pero son conscientes que dialogar es la única vía: "Respecto a la causa independentista, saben cuál es la posición del Gobierno, no hay que obviar (...) que estamos en posiciones muy distintas, con diferencias enormes y la posición del Gobierno sigue siendo la defensa de la Constitución y su Título VIII, pero tenemos claro que la única manera para acercarnos y avanzar es el diálogo".

De esta forma, concluye una semana muy positiva políticamente para un Gobierno que se encontraba cada vez más arrinconado y sin apoyos aparentes. Todavía debe demostrar con hechos las intenciones anunciadas esta semana y que ello se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de las clases medias y trabajadoras. Para ello, así como para que exista una comunicación fluida y cordial entre Govern y Gobierno, PSOE y UP van a necesitar los apoyos de ERC y de los socios de investidura. En juego está el futuro presidente del país, que se conocerá a finales de 2023, y la previsible entrada de la extrema derecha en un Ejecutivo. Por delante tienen todavía cerca de 12 meses para que la coalición coja viento de popa y llegue a la cita electoral con velocidad crucero.