Juan Carlos Ruiz niega cualquier influencia en la contratación en su etapa de consejero
El ex consejero de Industria y Turismo de la Región se ha desvinculado por completo de los contratos e insiste en que “nunca entró en ningún procedimiento de contratación”
(EFE)
Murcia
El ex consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia Juan Carlos Ruiz, investigado por posibles delitos de fraude, prevaricación y cohecho en el marco de la rama murciana de la Operación Púnica, se ha desvinculado por completo de los contratos que su departamento impulsó con las empresas de la trama corrupta, y ha insistido en que “nunca entró en ningún procedimiento de contratación”.
El ex consejero ha comparecido este martes en la última sesión del juicio que se está desarrollando desde comienzos de mes en la Audiencia Nacional para determinar si el político contrató en 2014 con las empresa del también investigado Alejandro de Pedro servicios para mejorar su reputación online, que se habrían pagado a través de contratos fraudulentos suscritos con el Instituto de Turismo.
En una brevísima declaración, de apenas diez minutos de duración y en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, el penalista Raúl Pardo Geijo, Juan Carlos Ruiz ha reiterado que él no podía dar órdenes de contratar proyectos o a empresas determinadas, sino que su función se limitaba a promover el “impulso político” y las iniciativas como campañas o programas que se iban a desarrollar en la Consejería.
Se trataba, ha dicho, de propuestas que ya venían determinadas por el programa político del Gobierno y por los presupuestos de la comunidad autónoma y en ningún caso en los Consejos de Dirección que él presidía se informaba sobre las empresas que iban a desarrollar esos proyectos o sobre los precios que tenían.
Tanto el Instituto de Turismo, que llegó a adjudicar un contrato de promoción de deportes náuticos por 24.000 euros a una de las empresas de la trama, como el de Fomento, donde un contrato similar no llegó a licitarse, eran organismos autónomos, con sus propios órganos de contratación y presupuestos, ha insistido.
Además, ha señalado, su firma estaba delegada para poder aprobar cualquier contrato por valor inferior a 300.000 euros.
Sobre los contactos de De Pedro con la entonces directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles, también acusada en el procedimiento, ha señalado que era “normal e incluso necesario” que estos altos cargos recibieran a empresarios para que les presentaran sus servicios.
Al empresario, ha relatado, lo conoció en un breve “encuentro informal” de apenas 10 minutos a la salida de su despacho, y más tarde supo que su empresa optaba a un proyecto para el Instituto de Fomento, pero no tuvo noticias del contrato de Turismo.
El ex consejero no ha hecho ninguna referencia a los supuestos trabajos para mejorar su reputación online, sobre los que sí ha hablado el que fuera su jefe de Gabinete, José Fidel Saura, que también ha declarado hoy como acusado, respondiendo solo a su abogado.
Saura ha tachado de “absurda la hipótesis” de que se fuera a mejorar la reputación del ex consejero a través de las empresas de la trama, porque el proceso de sucesión de la presidencia del PP regional estaba resuelto desde meses antes, por lo que “en ningún momento se habló de reputación personal” con De Pedro.
Saura fue la primera persona de la consejería en recibir al empresario de la trama, algo, ha explicado, que entraba dentro de sus funciones habituales como jefe de Gabinete, que se encargaba de derivar las visitas a las correspondientes direcciones generales.
En cualquier caso, ha negado que él tratara de influir en el Instituto de Turismo con respecto a este contrato, puesto que no tenía ningún tipo de competencia en la materia, y ha insistido en que ni siquiera tuvo “ningún conocimiento del procedimiento de licitación” que se estaba llevando a cabo con las empresas de la trama, un contrato de cuya existencia se enteró el mismo día que fue detenido.
Preguntado por la urgencia de llevar a cabo el contrato que se pone de relieve en las escuchas telefónicas, ha reconocido que se “excedió” al mencionar que era el ex consejero el que tenía esa prisa, dado que Ruiz “no sabía nada” sobre ese procedimiento, y ha indicado que el interés por contratar rápido el servicio se debía a la próxima celebración de una importante feria de turismo en Londres, donde querían presentarlo.
Es la misma versión que ha dado el entonces secretario general del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo, quien fue el encargado de contactar con De Pedro para invitar a su empresa a participar en el concurso que convocó el organismo y con el que se quería promocionar los deportes náuticos en el mercado británico.
La principal novedad de ese servicio, que finalmente fue adjudicado a la empresa de la trama, ha relatado, era que un mismo portal web permitía promocionar esos deportes y contratarlos, algo novedoso en la época y que se quería presentar en la citada feria.
Por ese motivo, ha indicado, le explicó a De Pedro que, aunque el plazo de presentación de ofertas era de 15 días, si las tres empresas invitadas las presentaban antes, y al no ser un concurso abierto, sino un negociado sin publicidad, se podían acortar los plazos.
Además, ha defendido que fue el departamento de Innovación del Instituto el que redactó el proyecto técnico del concurso, si bien ha reconocido que se solicitó información técnica a las empresas de la trama para hacerlo, puesto que carecían de los conocimientos para ello.
En cuanto a las ofertas presentadas, ha señalado que los sobres fueron abiertos por el departamento jurídico y adjudicadas en base a criterios técnicos.
Tras escuchar a en torno una veintena de testigos y a los nueve acusados (además del ex consejero, su jefe de gabinete y el secretario general del Instituto de Turismo, se investiga también a la que fuera directora del ente, Mariola Martínez Robles; el empresario De Pedro y los también empresarios José Antonio y Agustín Alonso Conesa, y los trabajadores de las empresas de la trama Javier Bueno y Sara Gargallo), la fiscal ha modificado sus conclusiones.
Así, ha decidido no acusar de tráfico de influencias a Ruiz y Saura, contra los que mantiene los delitos de fraude y prevaricación y les suma otro de cohecho.
Del mismo modo, acusa de fraude, prevaricación y cohecho a Martínez Robles, De Pedro y José Antonio Alonso Conesa; y de fraude y prevaricación como cooperadores necesarios a Galindo, Agustín Alonso Conesa, Bueno y Gargallo.
La acusación popular, que ejercen la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el PSOE, se ha adherido a esas peticiones.
