Las empresas de la rama murciana de la Púnica no contrataban con políticos, según empleados de las mismas que han declarado con testigos

Murcia

Las empresas de la “trama Púnica” con las que supuestamente el ex consejero de Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz, contrató de manera fraudulenta trabajos para mejorar su reputación online no realizaban esos servicios para particulares, sino solo para empresas o instituciones, según han declarado hoy trabajadores de esas compañías.

En total han pasado este martes por la Audiencia Nacional, donde se está juzgando esta pieza separada del Caso Púnica, cinco testigos, entre ellos, dos de los ingenieros informáticos con responsabilidades en la empresa Eico, propiedad del investigado Alejandro de Pedro; su hermano, Adrián de Pedro, responsable de desarrollo de la compañía, y María José Gutiérrez, que estaba al frente del departamento de Reputación Online y era subordinada del anterior.

En su declaración ante el juez, de más de una hora de duración, Adrián de Pedro ha insistido en defender que la empresa Eico, y también Madiva, ambas propiedad de su hermano y que se dedicaban a la gestión de reputación online, nunca tenían como clientes a personas individuales, excepto en el caso concreto de los cantantes, sino que sus clientes eran empresas o “instituciones”, pero no políticos particulares.

En ese sentido, ha descartado que esas compañías tuvieran como cliente al ex consejero de Turismo investigado en este caso, sino que los trabajos contratados buscaban una mejora del posicionamiento de la Consejería de Turismo e Industria con el objetivo concreto de atraer a posibles turistas británicos para hacer deportes náuticos en la Región de Murcia.

En el mismo sentido, la ingeniera de Eico ha refrendado que la empresa de la trama “no posicionaba a personas como tal”, sino a instituciones o empresas, y para ello se trataba “al cliente 360”, es decir, abordando el posicionamiento del político que representaba a la institución por su cargo, su nombre o incluso su apodo, en función de las necesidades.

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Para ello, ha explicado, parte de la estrategia era enlazar noticias entre diferentes medios, que podían ser medios de comunicación convencionales o una red diarios digitales que pertenecía a la empresa Madiva, portales que “no eran exclusivos para un solo cliente”, sino que se usaban indistintamente en función de las necesidades, si bien a veces se creaban deliberadamente por petición de un cliente.

Su departamento recibía noticias ya redactadas por los gabinetes de prensa de las instituciones o empresas, ha dicho, y las “trabajaban” para mejorar su visibilidad.

Con el mismo fin utilizaban también perfiles en redes sociales o notas de prensa para desplazar las noticias negativas y que no fueran las primeras en aparecer en los buscadores, quedando así menos visibles.

En el caso de Juan Carlos Ruiz, ha señalado que se le hizo un informe previo, pero no recordaba si su perfil se trabajó o no por separado de los servicios de impulso del turismo regional a través de los deportes náuticos.

La investigación considera que la trama pudo amañar un contrato con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia con ese fin de promoción deportiva a través del cual se habrían pagado los trabajos de reputación para el consejero, y para ello, las empresas de la trama habrían elaborado tres ofertas, sabiendo de antemano que ganaría la citada empresa Madiva, de Alejandro de Pedro.

Otra de las empresas que presentó oferta al concurso fue Duravit, propiedad de los hermanos José Antonio y Agustín Alonso Conesa, cuya secretaria también ha declarado hoy como testigo y ha dicho que, aunque no trabajaba para Alejandro de Pedro, que era “un cliente” de los hermanos Alonso Conesa y no su socio, ella misma le facilitó datos sobre Duravit y, más tarde, llevó al registro tres sobres cerrados, que se corresponderían con las ofertas del concurso, sin conocer su contenido ni haber redactado la oferta de Duravit.

La tercera de las empresas que concurrieron fue Linkatic, marca comercial de un profesional autónomo, que también ha testificado, y que ha indicado que uno de los trabajadores de De Pedro, Javier Bueno, investigado en esta trama, le solicitó elaborar tres presupuestos para desarrollos informáticos especializados y, más tarde, le dio a firmar la oferta para el concurso, si bien él pensaba que se trataba de una oferta comercial que incluía, entre otros, sus servicios, pero desconocía que fuera para un concurso público.

La fiscalía ha preguntado también a los ingenieros de Eico por las numerosas carpetas y documentos incluidos en los ordenadores de trabajo y el servidor de la empresa nombradas como “Juan Carlos Ruiz”, a lo que han referido que se trataba de una nomenclatura para uso interno, para facilitar la localización del trabajo, pero que no respondían al encargo oficial ni al nombre del cliente.

Lo mismo ocurre con los informes de pre-venta que se refieren directamente a la persona del consejero y no a su departamento: “Tendríamos que haber puesto [en los informes] el logotipo de la Consejería, que era la que contrataba”, ha reconocido Adrián de Pedro, y ha insistido en que “trabajando [la reputación online] del cargo público que representa a una institución, estás trabajando [la reputación de] toda la institución”.

En cuanto al precio cobrado por estos servicios, el ingeniero ha señalado que la empresa Eico contaba con una “calculadora” con la que se determinaba el valor de los servicios de manera automática, y esa era la forma de ajustar el precio para todos los clientes.

Por último, ha indicado que Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso eran “socios” en estas dos empresas, aunque ha dicho desconocer si lo eran “sobre el papel”, de manera oficial, si bien “siempre estaban juntos”: el primero era “un comercial increíble” al que el segundo “ayudaba” en la búsqueda y captación de clientes que, en un 90 por ciento, ha dicho, eran empresas privadas.

El juicio continúa mañana con las declaraciones de otros cinco testigos relacionados con la Consejería de Turismo.