Paralizan temporalmente el desahucio de una madre y su hija con discapacidad en Torreagüera
El juzgado ha concedido un plazo de cuatro meses para ejecutar el alzamiento, un tiempo que la PAH espera poder aprovechar para llegar a un acuerdo estable con los propietarios de la vivienda, una sociedad vinculada al banco Cajamar
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/RWJNZBK3K5OZ5PXA66FNBFRDWU.jpg?auth=5b7e1447eacb4eef27b78c08072bd6a1d4978f079c664376a749d3a4bf80291d&quality=70&width=650&height=487&smart=true)
Descienden los desahucios en la región de Murcia / getty images
![Descienden los desahucios en la región de Murcia](https://cadenaser.com/resizer/v2/RWJNZBK3K5OZ5PXA66FNBFRDWU.jpg?auth=5b7e1447eacb4eef27b78c08072bd6a1d4978f079c664376a749d3a4bf80291d)
Murcia
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha logrado la paralización temporal por vía judicial de un desahucio en la pedanía murciana de Torreagüera en el que estaba afectada una familia especialmente vulnerable, con una menor de edad con una discapacidad del 99 por ciento.
Según el portavoz de la PAH, Paco Morote, el juzgado ha concedido un plazo de cuatro meses para ejecutar el alzamiento, un tiempo que la plataforma espera poder aprovechar para llegar a un acuerdo estable con los propietarios de la vivienda, una sociedad vinculada al banco Cajamar.
La PAH ya ha abierto un procedimiento de negociación con la entidad para que la familia que reside en el inmueble pueda mantenerse en él a través de un alquiler social u otras formas de “escudo social” que garantice la estabilidad habitacional para estas personas.
En este caso ha colaborado con la PAH el partido Izquierda Unida-Verdes, cuyo coordinador regional, José Luis Álvarez Castellanos, ha señalado que este tipo de casos deben ser un “toque de atención” para el Gobierno regional y una llamada a recuperar el impulso de la ley regional de vivienda, que fue recortada en 2020 por el PP con el apoyo de Ciudadanos y Vox, ha apuntado.
El dirigente ha insistido en la necesidad de que la ley establezca “medidas eficaces” para evitar desahucios cuando no hay establecida previamente una solución habitacional para los afectados.
En su opinión, para ello sería necesario ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social.