Vélez recurre ante la Audiencia Provincial por "la plena ausencia de indicios para continuar la causa" de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra

Murcia

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, no ceja en su empeño para lograr el archivo de la causa de la Feria Taurina del Arroz. En la semana en la que acaba el plazo para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares envíen sus escritos contestando al Auto de Procedimiento Abreviado que envió el juez de primera instancia e instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz a primeros de septiembre, el letrado Raúl Pardo-Geijo ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Murcia el rechazo del recurso que interpuso ante el magistrado que instruye la causa.

En el escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER en la Región de Murcia, Pardo-Geijo insiste en que el proceso está caducado y que no existen indicios de prevaricación y malversación. Sobre la caducidad de la causa asegura que "no resulta aceptable" que las pruebas que presentó se tengan que dilucidar en el plenario y añade, "menos aún teniendo en consideración la impugnación efectuada -¡y documentada!- mediante el escrito de reforma, que no ha merecido respuesta por parte del instructor al no argumentar nada acerca del porqué considera errada la interpretación realizada a través de ese escrito o de la razón para desechar el contenido de la abundante documental acreditativa de las pretensiones allí interesadas".

En cuanto a la imputación del delito de malversación, el abogado de Vélez considera que "no ha podido ser cometido". Insiste en su escrito que "no es malversador el acto de abonar los gastos de las fiestas patronales del municipio por mucho que, a su vez, y en escasas ocasiones, beneficie a la publicidad de otro empresario cuyo concreto acto festivo, en referencia a la Feria del Arroz de Calasparra se inserta dentro de las primeras. También Chipé pagó su propia publicidad e inexorablemente debía incluir al municipio, pues sobra decir dónde se celebra esa Feria".

Respecto al delito de prevaricación, explica Raúl Pardo que "no ha podido cometerse porque la elección de la fórmula del convenio y la posterior, en el año 2019, del contrato menor y arrendamiento es perfectamente legal y, dentro de esa legalidad, la más idónea". Como conclusión, el letrado de Vélez asevera que "no existe absolutamente ningún indicio de que las decisiones adoptadas sean ilegales, por lo que mucho menos pueden considerarse arbitrarias".