La alcaldesa de Puerto Lumbreras, acusada de prevaricación por la ampliación de una macrogranja porcina

Puerto Lumbreras

La alcaldesa popular de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, podría sentarse en el banquillo de los juzgados por la presunta prevaricación administrativa relacionada con obras de ampliación de una macrogranja porcina sin licencia ni autorización.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Lorca ha decidido continuar con el procedimiento y el magistrado ha pedido a la regidora lumbrerense que se pronuncie sobre la apertura de un juicio oral en un plazo de diez días. En el escrito también se procesa a la arquitecta municipal A.I.D. y al propietario de una explotación ganadera, J.J.O. y se acuerda el archivo de los cargos sobre el ex concejal de agricultura de Puerto Lumbreras, César Gázquez Díaz.

Por tanto, la Fiscalía, defensa y acusaciones personadas tienen diez días para formular el escrito de acusación o sobreseimiento de la causa por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

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Esta investigación se remonta a 2020 cuando Ecologistas En Acción denunció las obras de ampliación de una macrogranja de cerdos en el paraje El Campillo sin licencia urbanística y sin autorización. En un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) los agentes aseguraron que las obras no solo se realizaron sin licencia si no que las reformas de la balsa de purines se ejecutaron ocupando las zonas de protección de cauce de dominio público hidráulico. Además, en el Registro Regional de Explotaciones Ganaderas Porcinas (REGA), el número de naves autorizadas es inferior al número de naves existentes ya que hay autorizadas dos naves pero hay seis.

En el mismo auto, el Juez considera que “la investigada María Ángeles Túnez, alcaldesa del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, -que también asume las competencias de Urbanismo-, omitió la realización de las inspecciones debidas en la zona donde se llevó a cabo la construcción. De hecho la también investigada A.I.D., como testigo manifiesta que nadie se encarga de ello y a requerimiento de este Juzgado consta comunicación del Ayuntamiento en autos, en que se manifiesta que estas labores las realiza Policía Local. Era responsabilidad de la alcaldesa poner los medios necesarios para que la misma tuviera lugar y no lo hizo”.

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Asimismo, el Juez insiste en que la regidora tuvo conocimiento de las obras de ampliación porque “existía denuncia y el expediente se inicia a su propia instancia, según consta en el expediente”.

No obstante, la regidora lumbrerense, que ya declaró como investigada el pasado 20 de noviembre en los jugados de Lorca. está más cerca de sentarse en el banquillo. Cabe resaltar que en el momento de las obras de ampliación de la macrogranja de casi 2.000 cabezas el consistorio tenía suspendido el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) por lo que no podía autorizar ampliaciones o la instalación de nuevas granjas.