Caso López Ostra, el antecedente murciano de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra Suiza: de los malos olores en Lorca a la inacción contra el cambio climático

Murcia

Una vecina que llegó hasta Estrasburgo para exigir responsabilidades al Estado español por los problemas de olores que sufría en su casa de Lorca por una depuradora de aguas residuales de la industria del curtido fue el precedente directo de la agrupación llamada Verein KlimaSeniorinnen. Esta organización ha conseguido que se condene a Suiza por no adoptar las medidas necesarias contra el cambio climático y en la doctrina para esta sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido fundamental el conocido como 'Caso López Ostra'.

Sobre la sentencia que vincula la inacción de los Estados en materia ambiental con la vulneración de los derechos humanos, el abogado ambientalista Eduardo Salazar ha explicado "fue el caso López Ostra el que abrió la vía a que el derecho a la intimidad familiar y domiciliaria se considere como una vulneración cuando había afecciones ambientales". Es lo que dice que ahora ha ocurrido en el caso de este colectivo suizo, "abriendo las puertas a que cualquier persona en cualquier país pueda demandar a su país por incumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático".

La sentencia del 'Caso López Ostra' se remonta al año 1994 y en la misma era una vecina de Lorca, Gregoria López Ostra, la que tras atravesar los diferentes escalafones judiciales españoles recurría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para exigir responsabilidades al Estado español por las afecciones que le generaba la depuradora de aguas residuales junto a su vivienda en la diputación lorquina de Río.

La personalidad jurídica del Mar Menor, otra iniciativa ciudadana pionera en la Región

Según Salazar, la Región de Murcia también es pionera en conseguir que el Mar Menor cuente con identidad jurídica propia. Hasta ahora se ha empleado esa personalidad jurídica en el caso de la balsa Jenny y en las dos piezas separadas del caso Topillo. Si bien de dos de ellas aún no han recibido ninguna resolución, la Audiencia Provincial ha rechazado su personación en una de las dos causas del caso Topillo. Salazar explica que se ha recurrido esa decisión al Tribunal Constitucional, pero desde Pacto por el Mar Menor, su portavoz, Ramón Pagán, esto refleja que "en la Región de Murcia seguimos un rumbo contrario al que nos marcan las directrices europeas".

"Los tribunales europeos sí tienen en cuenta cuáles son los derechos de la naturaleza y cuáles son los derechos de los ciudadanos a un patrimonio natural", añade Pagán, que lamenta que, mientras tanto, se avanza en una dirección contraria en lo que se refiere al Mar Menor. Esta organización pone como ejemplo la reforma de la Ley de Protección del Mar Menor que quiere impulsar Vox y que, dice Pagán, "es de forma encubierta una derogación de la ley".

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La sentencia suiza "abre la puerta" a otras acciones locales

Para Pagán, "pretender sacar la Región de Murcia del contexto europeo es un grave error". En todo caso, no sólo Pacto por el Mar Menor, sino también otras organizaciones como Ecologistas en Acción, consideran que esta última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos "abre la puerta" a otro tipo de acciones más locales para exigir a las administraciones públicas que cumplan los objetivos ambientales marcados. "Es una forma de ver la utilidad que tenemos los colectivos ciudadanos, muchas veces cuestionada por aquellos que a los que afectan nuestras reivindicaciones", dice Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción.

De hecho, Luengo ha recordado el caso de su organización, que pretendió impulsar en 2020 junto a otros colectivos una acción ciudadana a nivel estatal contra el Gobierno por las emisiones de gases de efecto invernadero que entonces fue rechazada.