El juez ve indicios de delito en los concejales de Urbanismo de Murcia y admite la querella presentada por familiares de víctimas del incendio de Atalayas

Murcia

A principios del pasado mes de marzo, el abogado José Manuel Muñoz Ortín, representante legal de las familias de dos víctimas mortales del incendio de las discotecas de Atalayas, en Murcia, que se cobró la vida de 13 personas, presento una querella en los juzgados contra tres funcionarios municipales, el exconcejal de Urbanismo del PSOE, Andrés Guerrero, y el actual edil con el PP, Antonio Navarro Corchón.

La querella se presentó a instancias de Jairo Correa, padre de Leidy Paola, una de las víctimas mortales, y de Kely Gómez, hermana de Kevin Alejandro Gómez, novio de Leidy Paola y otro de los fallecidos en esta tragedia.

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Radio Murcia ha tenido acceso al auto en el que el juez considera que "los hechos a los que se refieren las actuaciones pudieran revertir los caracteres delito/delito leve de prevaricación judicial por imprudencia", por lo que considera "procedente" incoar diligencias previas "para averiguar y hacer constar la perpetración de la infracción penal, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables".

La querella se presentó el 5 de marzo pasado y, por reparto, cayó en el juzgado número 4 de Murcia, pero el juez, tras haber decidido admitir la querella ha decidido inhibirse en favor del juzgado número 3 ya que es este el que está llevando la investigación del delito al que se refiere la querella. Es el juzgado número 3 de Murcia el que está investigando los incendios de la zona de ocio de Atalayas del pasado 1 de octubre de 2023.

La querella se presentó contra el exconcejal de Urbanismo Andrés Guerrero, el actual edil, Antonio Navarro Corchón, el jefe del servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios, el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades y el jefe del servicio de Intervención y Disciplina de Actividades del Ayuntamiento de Murcia. Se les acusa de prevaricación por omisión y por dictar resoluciones en contra de la normativa.

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En concreto, la querella apunta a que el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), que también ocupó el cargo entre 2015 y 2021, "desarrolló una normativa que permitía este funcionamiento”, avalado también por el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe de servicio de Intervención, que son los tres funcionarios incluidos en la querella.

Por su parte, el concejal Andrés Guerrero (PSOE), que estuvo en el cargo entre 2021 y 2023, dictó la última de las órdenes de cese de actividad de la discoteca en 2022, pero incluyó una cláusula para el abogado “prevaricadora” puerto que permitía iniciar un nuevo procedimiento de legalización que dejaba sin efecto la propia orden de cierre.

La querella refleja que en total hay una veintena de expedientes relacionados con la discoteca, de los que tres son órdenes de suspensión y cese de la actividad, y otros cuatro son solicitudes de inicio de procedimientos de legalización.

El día que se presentó la querella, Muñoz Ortín, indicó que consideraba que hubo una trama que es responsable de la tragedia que evitó durante años el cierre de Teatre a pesar de los numerosos informes desfavorables en materia de seguridad. Muñoz Ortín insistió en que son necesarias sanciones ejemplarizantes para evitar que esto vuelva a suceder.

Para el letrado, “estamos hablando de una forma de funcionar que permite que determinados funcionarios actúen de determinada manera”, e insistía en que “había cerebros que pensaban qué hacer para que la discoteca siguiera funcionando”, por lo que no se trata de una “actuación la de mala suerte ni de la fuerza mayor”.

Ortín dijo que Teatre ha estado abierta, sin licencia, desde 2010 y criticó que se le permitiera tener una primera planta, ya que va contra el planeamiento permitido, e insistía en que las irregularidades más graves se encontraban en el bloqueo de las salidas de emergencia, en la división de la nave en dos locales distintos o contar con un generador eléctrico para suministrar luz a ambos locales desde 2016.

Además, puso de relieve que cuando se detectaba alguna situación irregular en la discoteca, por ejemplo, por incumplimientos en medidas de seguridad o aforos, en lugar de cerrar el local, se instaba a abrir un procedimiento de legalización que paralizaba el resto de procedimientos.

Así, ante una denuncia de la Policía Local, o un aviso de incidencias de la inspección, o un procedimiento sancionador, se abrían esos procedimientos de legalización, que luego se quedaban sin resolver: “Hablamos de una eterna regularización”, señalaba el abogado.

Aunque la ley reconoce la posibilidad de abrir esos procedimientos de legalización, Muñoz Ortín decía que llegaron a un punto “fraudulento”, puesto que los diferentes expedientes eran idénticos entre sí e incluían la misma documentación, repitiendo así alegaciones que ya habían sido desestimadas previamente, motivo por el que debían haber sido inadmitidos.

Asimismo, se permitió que continuamente la discoteca tuviera actividad a pesar de la caducidad de expedientes, cuando la ley establece que, en ese caso, la actividad debe cesar.

Además, en 2012 se dictó una resolución para dejar sin efecto el artículo del plan de ordenación urbana que establecía que el índice de edificabilidad que se había aplicado a la discoteca no cumplía la ley.

Según Ortín, desde su apertura en 2005 la sala “iba contra planeamiento” pero, lejos de sancionar esa situación, se legalizó a través de un decreto del concejal Navarro.

A lo largo de los años, son múltiples los expedientes abiertos incluidos en la documentación a instancias de la Policía Local por no contar con licencia o no cumplir los aforos, pero solo se llegó a cursar una sanción, de poco más de 250 euros, por no haber comunicado un cambio de titularidad.

No se actuó en cambio por otras irregularidades más graves para la seguridad, como por ejemplo, el hecho de que la sala desde 2016 se suministraba la electricidad con un generador o el bloqueo de las puertas de emergencia, que constaban ya en 2005 y fue señalado de nuevo en 2017.

Con la discoteca ya dividida en dos, dijo Ortin, los incumplimientos en seguridad anti incendios fueron flagrantes ya que las salidas de emergencia de Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, daban a Teatre en lugar de a la calle, y sus recorridos de evacuación tenían distancias que llegaban a superar los 36 metros, cuando el máximo permitido por ley es de 25 metros.

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