López Miras: "El servicio de transporte sanitario se está cumpliendo con los requisitos exigidos en el contrato"

Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido este miércoles en el pleno de control de la Asamblea Regional de Murcia el buen funcionamiento del transporte sanitario público en ambulancia en esa comunidad, lo que ha querido demostrar señalando que de los 741.835 servicios realizados en 2023 solo hubo 133 reclamaciones en atención al paciente.

Al responder al portavoz socialista, Pepe Vélez, le ha espetado que "la mezcla de la ausencia de dignidad con el exceso de hormigón en el rostro es demoledora para el debate parlamentario".

"Escuche y aprenda", le ha aleccionado antes de citar una autoría interna del Servicio Murciano de Salud sobre el servicio que concluye que cumple los estándares establecidos en el contrato y los requisitos técnicos de forma rigurosa.

"Relata usted algo irreal y viene a confundir", cuando las cifras de 911 trabajadores, 238 ambulancias y 85 para traslados urgentes cumplen lo establecido en la contrata, pero hay un conflicto laboral entre los trabajadores y la empresa, una cuestión privada ya en los juzgados de lo social en la que la Consejería de Salud quiere mediar, ha añadido.

Según Vélez, se incumple el tiempo máximo de salida y llegada de pacientes de quimioterapia y radioterapia establecido en el pliego de condiciones del contrato adjudicado por 8 años a La Generala, una empresa sin experiencia en el sector que sustituyó a un grupo de firmas familiares ya hechas a ese mundo, ha reiterado.

Según su relato, son recogidas a las 8 y llegan a las 3 de la tarde a sus casas personas con cáncer mayores que esperan toda la mañana y personas que pierden su cita porque no hay ambulancias, un problema que afecta a miles de personas y es "despreciable, ruin e indigno".

Hace 4 años que se adjudicó el contrato y el perjuicio a los trabajadores y pacientes está más que demostrado, pues prestan el servicio 181 conductores menos de los previstos, con lo que la concesionaria se ahorra 6 millones de euros al año.

Desde la coalición Podemos-IU/V-AV,María Marín le ha preguntado sobre el grado de cumplimiento de la ley de protección del Mar Menor transcurridos 4 años de su aprobación en esa Cámara y Miras le ha respondido que el 75,5 % de las medidas que preveía la norma están ejecutadas o en ejecución y el resto en distintas fases de tramitación, pero ha reiterado que cada segundo casi 200 litros del acuífero van a para a la albufera salada y es responsabilidad del Gobierno de España poner coto al "segundo río más caudaloso" de la región.

Para Marín, nada se ha hecho como era preceptivo según la ley en control de redes de aguas pluviales, reglamento de pesca, estudio de la afección de puertos los deportivos al ecosistema, ordenación territorial de la cuenca vertiente o control de nitratos, que entran ahora "más que nunca, 3.500 toneladas al año", con una moratoria urbanística caducada.

"Ustedes votaron en contra de la ley sobre la que ahora piden explicaciones, lo que demuestra lo que les importa esa recuperación", ha remachado Miras.

El portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, se ha interesado por la postura del presidente del Ejecutivo murciano sobre el objetivo de déficit público al que obligará el español este 2024 y Miras ha hablado de ley de embudo, extorsión y chantaje para negarse a detraer de los presupuestos regionales aprobados por esta Asamblea los 115 millones previstos para esa desviación del equilibrio entre los ingresos y los gastos, el 0,3 % del producto interior bruto de la comunidad.

Alpañez le ha replicado que Vox le ayudará a reorientar la política económica para el cambio de modelo productivo, con empleos de calidad estables, un plan de turismo realista e inversión en I+D+i y si el plan del PSOE pasa por subir los impuestos y hacer ajustes, el socio del PP en el Gobierno murciano propone posponer el gasto en pizarras digitales "que no sirven para nada", quitar las subvenciones a patronal y sindicatos y aplazar la renovación del aire acondicionado en la sede de la presidencia autonómica.

"Vox no puede asumir ese recorte ni ser conformista, ha de plantarse ante las injusticias, no someterse a ese chantaje" por el que si el Senado no aprobó con la mayoría absoluta del PP el 0,1 % para las regiones y el 2,9 % para el Estado, el Gobierno español dijo que se requería a las comunidades el equilibrio de gastos e ingresos después de no facilitarles los datos de las entregas a cuenta para elaborar los presupuestos regionales con un porcentaje de déficit avalado por la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal en el caso de Murcia.

Por último, el portavoz de su grupo, Joaquín Segado, del PP, le ha interpelado sobre la ley nacional de amnistía a los implicados en el proceso independentista catalán que se debate este jueves en el Congreso, "la peor de las corrupciones al suponer vender la nación, romper la igualdad y quebrar el Estado de derecho a cambio de siete votos que garantizan a Pedro Sánchez su mantenimiento en el poder", según sus palabras.

"Una ley injusta, inconstitucional e inmoral diseñada a la medida de un delincuente y sus secuaces (...) un atropello que pretende borrar delitos tan graves como el terrorismo, la traición al Estado y la corrupción (...) con la que Sánchez también se amnistía, ya que es la transacción corrupta de un solo hombre (...) que se ríe de los españoles al hablar de convivencia y tolerancia cuando esto solo es para beneficiar a unas pocas personas: las que tienen la llave de la Moncloa para Sánchez, que además anuncian que volvieran a cometer los mismos delitos", ha añadido.

Miras ha coincidido con él al señalar que el principio de igualdad constitucional se vulnera, al enfrentar a españoles y privilegiar a unos sobre otros en cesión competencial de infraestructuras o financiación autonómica, y se da la estocada al ordenamiento juridico y a la separación de poderes con una ley elaborada por un perseguido por la justicia.

"Se va a consumar una gran traición a la Constitución en la semana más triste de los últimos años que va a borrar delitos de terrorismo y alta traición y a exculpar a quienes agredieron y apalearon a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el inicio de una grave desigualdad entre los españoles a la que el Gobierno de Murcia se opondrá con toda contundencia", ha concluido.