Comunidad Autónoma y organizaciones agrarias ratifican el acuerdo para cubrir la infrafinanciación de la PAC hasta 2028

Murcia

Gobierno regional y coordinadoras agrarias han sellado hoy el acuerdo para resolver la falta de acceso de agricultores y ganaderos a las ayudas de la PAC en la Región de Murcia y, al mismo tiempo, se han emplazado a un nuevo periodo de negociación para resolver otros problemas que dicen los agricultores y ganaderos que ponen en peligro el futuro de su actividad.

El acuerdo de Apoyo a la Agricultura, para el período 2024-2028, quiere contribuir a solucionar la infrafinanciación presupuestaria para acometer algunos de los programas del PEPAC, el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, que hizo que cientos de expedientes se quedaran sin atender, según las coordinadoras agrarias. "Detrás de cada expediente no atendido hay una familia", ha apuntado el secretario general de UPA en la Región de Murcia, Marcos Alarcón.

El anunciado plan plurianual de financiación para el sector, dotado con más de 18,5 millones de euros hasta 2028, arranca ya este 2024 con una aportación extraordinaria de 600.000 euros para asociaciones de defensa sanitaria y seguros agrarios. Así lo ha explicado tras la firma del acuerdo el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que ha detallado que, de esos 600.000 euros, 400.000 se sumarán a las ayudas regionales para la contratación de seguros agrarios y los otros 200.000, a las asociaciones de defensa sanitaria.

En total, el plan contempla para esos dos conceptos más de dos millones de euros adicionales; unos tres millones se destinarán al impulso de medidas de protección de ave y fauna; casi 4 millones de euros serán para el mantenimiento y mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales, y 9 millones más irán a parar al mantenimiento de la agricultura ecológica.

Este plan, ha dicho el presidente, tiene como finalidad “proporcionar certeza y seguridad” a agricultores y ganaderos “para que puedan afrontar los dientes desafíos” a los que se enfrentan, así como “dinamizar el mundo rural” y simplificar los trámites, incluso con transferencias entre partida para una mejor absorción de los bonos.

El compromiso además va “más allá” de la aportación económica, puesto que incluye medidas como la creación de un órgano de control para garantizar el cumplimiento de la ley de Cadena Alimentaria para evitar que los agricultores vendan sus productos por debajo de los costes de producción. Asimismo, el Gobierno regional se compromete a poner en marcha un plan de ordenación para el sector ganadero, tal y como demandan las organizaciones profesionales.

“Este plan es un balón de oxígeno en un momento de dificultad para el campo, y nace del mano de las organización agrarias”, ha dicho López Miras, pero ha insistido en que “la colaboración del Gobierno con el sector agrario no termina aquí”, sino que el Ejecutivo murciano continuará “escuchando la voz del campo”.

El presidente regional de COAG, José Miguel Marín, ha agradecido el acuerdo alcanzado y que de él se derive la apertura de un “espacio de interlocución sin precedente con el Gobierno regional” para abordar cuestiones que son “fundamentales” para el sector. Entre ellas, ha destacado el ya mencionado órgano de control de la ley de Cadena Alimentaria y el plan de ordenación para la ganadería, pero también la ampliación a futuro de las ayudas para contratar el seguro agrario, la flexibilización de la normativa y los trámites burocráticos y la transposición de la legislación europea en el plano ambiental.

En ese sentido, Marcos Alarcón, de UPA, ha recordado que estas ayudas "se conceden por la realización de prácticas agrarias en beneficio del medio ambiente y la avifauna".

Por eso, ha valorado los 7,2 millones de euros en total que se ponen sobre la mesa para hacer frente a esas faltas de fondo, y también los 9 millones que se van a dedicar a que “no ocurra lo mismo con las primas de mantenimiento de la agricultura ecológica”, que actualmente tiene un “alto índice de penetración” en la comunidad autónoma, donde supone ya un 25 por ciento de la superficie.

En cualquier caso, ha subrayado que el protocolo suscrito “atiende una situación de urgencia” como era la citada insuficiente dotación de presupuestaria de la PAC, pero “no es la respuesta definitiva a los problemas del sector agrario”, por lo que las organizaciones continuarán negociando otros aspectos a lo largo de la legislatura.

En la misma línea, desde ASAJA, Alfonso Gálvez ha considerado “muy importante” seguir avanzando en el compromiso de mejorar las aportaciones para contratación de seguros agrarios y para mejorar el cumplimiento de la ley de Cadena Alimentaria a través de un órgano que garantice mayores inspecciones.

Por eso, ha considerado vital la creación de grupos de trabajo que se derivan del acuerdo suscrito hoy para abordar esas cuestiones y también una flexibilización normativa que permita “ser respetuosos con el medio ambiente” pero sin limitar “la actividad normal de las explotaciones”.