Sociedad

El Ayuntamiento cierra un restaurante y suspende la actividad de dos discotecas de Cartagena

Las inspecciones de 20 locales de celebraciones ha permitido comprobar el cumplimiento general de las normas de seguridad, según fuentes municipales

Noelia Arroyo en una reunión con técnicos de Urbanismo / Ayuntamiento de Cartagena

Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado la suspensión de la actividad y el precinto del establecimiento “Torre Antoñita”, de Pozo Estrecho, "por realizar eventos para los que no tiene licencia municipal".

Los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena también informan que están redactando los decretos para la suspensión de la actividad de dos discotecas, según la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras una reunión de trabajo con los responsables del dispositivo especial que está revisando los locales de celebraciones.

Arroyo ha destacado que "ya se ha procedido a la inspección de 20 establecimientos y solo en tres de ellos se han detectado irregularidades que puedan suponer riesgo sobre la seguridad de las personas".

Según los servicios de Disciplina Urbanística, Torre Antoñita contaba desde 2018 con una licencia concedida en 2018 para la celebración de eventos en el interior del edificio y sin música, a pesar de lo cual se ha comprobado que la empresa realizó modificaciones para poner equipos de sonido y barras y otros elementos para dar uso al exterior del edificio.

Fuentes municipales afirman que "el personal del establecimiento impidió la semana pasada el acceso a agentes de la Policía Local y a inspectores de los servicios municipales mientras en el interior se estaba realizando una celebración, lo cual supone una infracción grave de la legislación".

Los otros dos establecimientos para los que se está redactando el decreto de suspensión de actividad han realizado en su interior divisiones que suponen importantes alteraciones sobre sus licencias y afectan a los planes de seguridad. Los servicios municipales comunicarán en las próximas horas a sus propietarios la obligación de cerrar en tanto no regularizan su situación.

Siguiendo instrucciones de la alcaldesa, equipos mixtos compuestos por inspectores de Urbanismo y agentes de la Policía Local han estado trabajando en la inspección de los locales, priorizando los de mayor aforo y centrando su trabajo en la comprobación de los sistemas de seguridad, evacuación y las instalaciones susceptibles de generar situaciones de riesgo para los clientes.

Además, los servicios municipales trabajan en la redacción de un protocolo que reforzará las medidas de control mediante sistemas que garantice la supervisión de las revisiones y actualizaciones a la que los establecimientos están obligados por la ley.

 
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